El contexto global y local muestra una clara tensión entre derechos civiles, la regulación profesional y el discurso religioso, con profundas implicaciones para la salud mental de jóvenes LGBTQ+.
La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para escuchar argumentos este otoño sobre si debe ratificar o anular la prohibición del estado de Colorado a la denominada “terapia de conversión” dirigida a personas LGBTQ+. Más de 20 estados ya han prohibido esta práctica, considerada sin base científica, ineficaz y potencialmente dañina, especialmente para menores.
Este caso —Chiles vs. Salazar— será presentado el 7 de octubre de 2025 ante la máxima corte nacional. La decisión podría sentar jurisprudencia clave sobre la legalidad de estas terapias en los estados que las han prohibido.
La ley de Colorado ha sido impugnada por Kaley Chiles, una consejera autorizada que sostiene que la norma vulnera su derecho a la libre expresión, al impedirle ofrecer orientación voluntaria basada en su fe cristiana. Por su parte, el fiscal general del estado defiende la regulación como una medida legítima para proteger a los menores frente a tratamientos inseguros, incluso si involucran discurso.
Estudios como el del Trevor Project de 2020 muestran que los menores sometidos a terapias de conversión duplican su riesgo de intentos de suicidio y tienen más de 2.5 veces más probabilidades de reportar intentos múltiples que quienes no fueron sometidos.
Expertos legales debaten el posible impacto: algunas voces alertan que una sentencia favorable a Chiles podría debilitar regulaciones estatales sobre prácticas médicas perjudiciales, mientras que otros advierten sobre los riesgos de abrir la puerta a pseudociencia en contextos clínicos.
Una encuesta de Data for Progress (junio 2025) revela que el 56 % de los estadounidenses apoya prohibir la terapia de conversión, frente a un 35 % en contra. Incluso un 49 % de republicanos estaba a favor del veto.
En el Tribunal Supremo, ya hay señales encontradas: el juez Clarence Thomas, conservador, expresó reservas sobre las prohibiciones. Sin embargo, en 2023 el tribunal desestimó un caso similar en Washington, argumentando que la ley regulaba la práctica profesional, no restringía el discurso.
Los argumentos orales serán en octubre de 2025. Al mismo tiempo, la Corte podría abordar otro caso relevante: una petición para invalidar la decisión que legalizó el matrimonio igualitario, aunque los expertos lo consideran poco probable que prospere.
En México, 19 entidades federativas ya han prohibido las llamadas “terapias de conversión” (ECOSIG), y en junio de 2024 entró en vigor una prohibición federal con sanciones penales para quienes las practiquen, financien o promuevan
Ciudad de México (2020)
Estado de México (2020)
Baja California Sur (2021)
Yucatán (2021)
Zacatecas (2021)
Colima (2021)
Tlaxcala (2021)
Oaxaca (2021)
Jalisco (2022)
Baja California (2022)
Puebla (2022)
Hidalgo (2022)
Sonora (2022)
Nuevo León (2022)
Querétaro (2023)
Sinaloa (2023)
Morelos (2023)
Quintana Roo (2023)
Guerrero (2024)
Chiapas (2025)
Tamaulipas (2025) Wikipedia
Incluso antes de la prohibición federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló disposiciones locales que eximían a padres de reproche penal por someter a sus hijos a estas prácticas, como ocurrió en Guerrero. N
(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)
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