En un giro histórico y altamente polémico, el Congreso de El Salvador —dominado por el oficialismo— aprobó este jueves una serie de reformas constitucionales que permiten la reelección presidencial indefinida, amplían el período de gobierno de cinco a seis años y eliminan la segunda vuelta electoral. La medida fue adoptada de manera exprés, con 57 votos a favor y apenas tres en contra, allanando el camino para que Nayib Bukele pueda mantenerse en el poder más allá de 2027.
Bukele, de 44 años, fue reelegido en 2024 con un arrollador 85 por ciento de los votos y desde entonces ha consolidado su control sobre el Legislativo, el Judicial y otras instituciones del Estado. Ahora, con esta reforma, el actual período presidencial se acorta dos años y las próximas elecciones generales se adelantan a marzo de 2027, fecha en la que el mandatario podrá volver a postularse.
La diputada opositora Marcela Villatoro denunció durante la sesión legislativa que “este día ha muerto la democracia en El Salvador”, acusando al oficialismo de actuar con cinismo al aprobar los cambios durante una semana vacacional. Claudia Ortiz, también legisladora opositora, calificó la reforma como una “caricaturización de la democracia”.
Desde organismos internacionales también han llegado fuertes críticas. Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch (HRW), advirtió que El Salvador “recorre el mismo camino que Venezuela”, donde un líder carismático y popular usa su capital político para concentrar poder. “Esto termina en dictadura”, sentenció en la red X.
Miguel Montenegro, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró a AFP que el país ya vive en un “desequilibrio total” donde la democracia “ya no existe”.
Pese a las denuncias, Bukele mantiene niveles récord de aprobación, impulsado por su política de “mano dura” contra las pandillas. Desde 2022, el país vive bajo un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, restricción de libertades individuales y procesos judiciales exprés.
Bajo este régimen, más de 87,000 personas han sido arrestadas por supuestos vínculos con pandillas. Sin embargo, organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario reportan detenciones arbitrarias y al menos 430 muertes en prisión.
En mayo, la abogada Ruth López, conocida por denunciar corrupción en el gobierno, fue detenida sin orden judicial, lo que elevó las alarmas en la comunidad internacional por la creciente criminalización de la disidencia.
Entre los puntos clave aprobados este jueves destacan:
Reelección presidencial indefinida sin restricciones.
Ampliación del mandato presidencial de 5 a 6 años.
Eliminación de la segunda vuelta electoral.
Unificación de las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
Supresión del requisito de doble ratificación en legislaturas distintas para reformas constitucionales.
La diputada oficialista Ana Figueroa, encargada de presentar la reforma, declaró que “solo el pueblo salvadoreño podrá decidir hasta cuándo apoyará a su presidente”. Mientras tanto, Suecy Callejas, también del partido Nuevas Ideas, negó que el objetivo sea instaurar una presidencia vitalicia: “Eso no es cierto”, dijo.
En su discurso más reciente, el presidente aseguró que le tiene “sin cuidado” que lo llamen dictador. Su gobierno insiste en que las reformas buscan eficiencia electoral y una “estabilidad democrática” en favor del pueblo salvadoreño.
Sin embargo, analistas y activistas advierten que esta modificación constitucional sienta un precedente autoritario en América Latina, una región donde la concentración de poder ha debilitado numerosas democracias en el pasado. N
(Con información de AFP)
