El hallazgo de 383 cadáveres apilados en condiciones insalubres dentro de una propiedad ligada al crematorio “Plenitud”, ubicado en el sur de Ciudad Juárez, ha detonado una investigación penal de alto perfil en el estado de Chihuahua. La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que se han girado órdenes de aprehensión contra el propietario y el único empleado del establecimiento, acusados de inhumación clandestina, fraude y violación a la Ley General de Salud por el mal manejo de restos humanos.
La noticia estalló el pasado jueves, cuando vecinos denunciaron un fuerte olor proveniente de una casa abandonada en las inmediaciones de granjas porcícolas. Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal descubrieron una escena dantesca: cientos de cuerpos hacinados en habitaciones y bolsas mortuorias, muchos de ellos en estado avanzado de descomposición, lo que generó alarma social e inmediata movilización de peritos y forenses.
‘NO ES UNA FALLA, ES DEPRECIO POR LA DIGNIDAD HUMANA’: FISCALÍA
El fiscal general César Jáuregui Moreno calificó el hecho como una “aberración” y detalló que las investigaciones apuntan a una negligencia reiterada desde 2020“, sentenció en entrevista con Milenio.
“Estas personas reiteraron 383 veces lo mismo. No es una falla, es un absoluto desprecio por los cuerpos y por sus familias”
Según la Fiscalía, el crematorio seguía operando con permisos vigentes y prestaba servicios a al menos seis funerarias locales, las cuales entregaban urnas con cenizas falsas a los deudos. En realidad, los cuerpos eran almacenados sin procesar en el predio rural. Las sanciones por este tipo de delitos, incluyendo la inhumación clandestina, podrían alcanzar penas de hasta 17 años de prisión por cada víctima, lo que implicaría condenas acumuladas de por vida para los responsables.
TRASLADO Y RECUPERACIÓN DE CUERPOS
Los Servicios Periciales y Ciencias Forenses retomaron este lunes la extracción de los cuerpos tras una breve pausa por la extenuante labor de 48 horas ininterrumpidas. De acuerdo con Javier Sánchez Herrera, director estatal del área, los cadáveres están siendo colocados en bolsas individuales y trasladados en un contenedor refrigerado al Servicio Médico Forense (Semefo) en Ciudad Juárez, donde iniciará su proceso de identificación forense.
Las autoridades aseguraron documentación clave dentro del predio que permitirá rastrear la identidad de los cuerpos y notificar a sus familias. La Fiscalía ha solicitado apoyo federal para agilizar las pruebas genéticas y la comparación con bases de datos de personas fallecidas y no localizadas.
REACCIÓN OFICIAL: ‘NO ES CRIMEN ORGANIZADO, SINO IRRESPONSABILIDAD CRIMINAL’
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, descartó vínculos con el crimen organizado y subrayó que el caso responde a “personas sin escrúpulos” que lucraron con la muerte. “Sí hay delito qué perseguir. Hay fraude, maltrato a cuerpos, a órganos, a tejidos. Esto es un uso criminal de permisos legales”, dijo en entrevista con El Diario de Juárez.
Campos también confirmó que ha sostenido reuniones con la FGE para dar seguimiento puntual al caso, y afirmó que el gobierno estatal trabajará para resarcir el daño a las familias afectadas y revisar los protocolos de vigilancia sanitaria en los servicios funerarios.
Por su parte, Guillermo Ramírez, titular de Coespris, y el propio Jáuregui Moreno, coincidieron en que el crematorio operaba con licencias válidas, pero subrayaron que el hallazgo revela una laguna en la supervisión y el cumplimiento de las normativas.
¿QUÉ SE SABE HASTA AHORA?
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383 cadáveres fueron hallados en un predio utilizado por el crematorio “Plenitud”.
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El lugar contaba con permisos vigentes, pero no cremaba los cuerpos.
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Seis funerarias habrían entregado cenizas falsas a las familias de los fallecidos.
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Los cuerpos eran almacenados en una casa deshabitada, a más de cinco kilómetros al sur de la zona urbana de Juárez.
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El olor fue disimulado por la proximidad de rastros porcinos y bolsas mortuorias.
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Se investigan delitos de inhumación clandestina, fraude y violación a la Ley General de Salud.
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Las penas podrían ascender a más de 6,000 años acumulados en caso de sentencias máximas.
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La identificación forense de los cuerpos ya está en marcha en el Semefo local.
IMPLICACIONES SOCIALES Y SANITARIAS
El caso ha conmocionado a la opinión pública no solo por la magnitud del hallazgo, sino por el daño emocional irreversible a cientos de familias que hoy enfrentan una nueva ola de duelo, incertidumbre e indignación. Asimismo, pone en evidencia la urgencia de reformar los sistemas de control funerario y sanitario en México, y reabre el debate sobre la privatización de servicios esenciales, como el manejo digno de los cuerpos.
En los próximos días las autoridades de Chihuahua gestionarán un servicio de atención directa con los deudos que fueron estafados por este proceso crematorio ilegal. N
