La mañana arrancó con una energía inusual. Algunas personas conectadas en línea, otras más en un espacio físico, pero todas —sin excepción— con una historia en común: cuidar o ser cuidadas. Así comenzó el taller “Los derechos de las cuidadoras y cuidadores” impartido por el colectivo Cuidadoras en Resistencia, en voz de la Maestra Cinthia Ramírez.
Lo que parecía una charla más sobre inclusión, pronto se transformó en un poderoso ejercicio de desmontaje narrativo. Ahí donde la estadística no miente, las ilusiones del discurso oficial se desmoronan. Y es que hablar del derecho al cuidado en un país como México, es enfrentarse cara a cara con el clasismo, el sexismo, el capacitismo y el neoliberalismo más impune.
La exposición inició con un dato que no admite romanticismo: el 85% de las personas cuidadoras en México son mujeres, de acuerdo con cifras del INEGI. La gran mayoría de ellas, madres de personas con discapacidad, sujetas a un destino que las relega a la precariedad por el simple hecho de cumplir un rol indispensable para la vida: cuidar.
Sin embargo, esta verdad sigue invisible en el marco legal mexicano. Si bien la Constitución ya reconoce en su artículo 4º el derecho al cuidado desde 2020, en la práctica, esto no ha cambiado la vida de las personas cuidadoras ni de quienes requieren ser cuidadas. ¿Por qué? Porque no existen leyes secundarias que hagan operable ese derecho. No hay presupuesto, ni mecanismos, ni instituciones que lo garanticen. Y cuando se avanza, como con la creación del Sistema Nacional de Cuidados, se hace desde una lógica cosmética, sin voluntad real de transformación.
Durante el taller, escuchamos con crudeza cómo esta realidad se agudiza cuando cruzamos el enfoque de género. Aunque existen hombres cuidadores, las mujeres enfrentan una exclusión laboral mucho más pronunciada. Según el CONEVAL, sólo el 28% de las mujeres cuidadoras tienen un empleo formal, en contraste con más del 60% de los hombres en esa misma condición. En otras palabras, mientras los hombres logran “acomodar” su rol de cuidado, las mujeres deben resignarse a vivir para cuidar, sin acceso a ingresos propios ni a seguridad social.
Pero el problema no acaba ahí. Lo más alarmante es el abandono institucional. En lugar de atender esta urgencia social desde una lógica de derechos humanos, el Estado ha optado por una ruta que combina indiferencia con oportunismo político. Se glorifica a las madres cuidadoras en discursos, se utiliza la discapacidad como bandera de inclusión, pero no se respalda con acciones ni con recursos. Y cuando se legisla, se hace con opacidad, ambigüedad o ignorancia.
Ejemplo de esto son las recientes leyes estatales de cuidados, como las de Jalisco y Nuevo León. En ambos casos, las legislaciones reconocen el derecho al cuidado… pero dejan fuera las obligaciones concretas del Estado. Las reglas de operación son confusas, no hay claridad en la asignación presupuestal y se delega la responsabilidad a las familias o a instituciones privadas. Así, el derecho se diluye en buenas intenciones, y las personas cuidadoras siguen sin poder ejercerlo plenamente.
Esto es preocupante para quienes vivimos en Aguascalientes. En los próximos días, el Congreso del Estado llevará a cabo el primer foro de Parlamento Abierto para discutir una Ley estatal de cuidados. Y si algo ha quedado claro en este proceso, es que no podemos darnos el lujo de repetir los errores de otras entidades. La oportunidad es histórica, pero el riesgo también lo es.
Como activistas por los derechos humanos de las personas con discapacidad, y como sujetos directa o indirectamente implicados en el cuidado, debemos estar listos para intervenir, proponer, vigilar y exigir. No basta con reconocer derechos en papel; se debe establecer con claridad la responsabilidad del Estado como garante de esos derechos. Eso implica asegurar presupuesto, diseñar políticas públicas integrales y crear mecanismos de evaluación y rendición de cuentas.
Y es que cuidar no es una tarea secundaria ni un asunto doméstico: es una función social esencial para la sostenibilidad de la vida. Desde los niños y niñas hasta las personas mayores, desde quienes viven con enfermedades crónicas hasta quienes enfrentamos una discapacidad, todas y todos requerimos cuidados en algún momento de la vida. Negar esta realidad o relegarla al ámbito privado perpetúa desigualdades y reproduce violencias estructurales.
El cuidado debe asumirse como un derecho doble: el derecho a cuidar y el derecho a ser cuidado, con dignidad, con justicia y con equidad. Esto incluye reconocer el trabajo de las personas cuidadoras, asegurar su acceso al empleo, a la educación, a la salud y al descanso. También exige crear redes comunitarias y servicios públicos que no excluyan a quienes viven en pobreza o en zonas rurales.
En Aguascalientes, la urgencia es doble. Por un lado, seguimos esperando políticas públicas serias en materia de discapacidad. Por otro, ahora enfrentamos el desafío de construir una ley estatal de cuidados que no se convierta en una más de esas “leyes fachada” de las que hablaba la maestra Cinthia Ramírez. La responsabilidad de que esto no ocurra no recae únicamente en el Congreso, sino también en la sociedad civil organizada, en los colectivos, en las personas cuidadoras y en quienes hemos sido cuidadas.
Hoy más que nunca debemos levantar la voz y dejar claro que cuidar no es un favor, es un derecho. Que ser cuidado no es una concesión, es un principio de justicia social. Que una democracia que no cuida, no merece ese nombre.
La historia nos está dando la oportunidad de cambiar el rumbo. La pregunta es si sabremos aprovecharla o si dejaremos que una vez más, el discurso del cuidado sea secuestrado por el asistencialismo, el clientelismo y el presupuesto mezquino. Hoy podemos decidir entre construir una ley viva o repetir la farsa legislativa. En nuestras manos está cuidar que no nos vuelvan a fallar.
