Tijuana, B.C.- Un grupo de trabajadoras sexuales que integran el grupo “Vanguardia de Mujeres Libres” exigieron a la administración de Ismael Burgueño Ruiz que terminé el acoso policial por parte de Julián Leyzaola Pérez, actual asesor en materia de seguridad del presidente municipal, que se eliminen los cobros que les hacen por practicarse análisis todos los meses en Servicios Médicos Municipales.

Narraron que el acoso inició el martes 1 de octubre, el primer día de la administración de Burgueño Ruiz. La tarde de ese día llegaron dos pick ups color blanco sin logotipos, en la que viajaban hombres armados vestidos de civiles.

Arribaron a la calle Primera en la Zona Norte, lugar donde trabaja este grupo de mujeres. En ese primer encuentro les pidieron que dejaran de trabajar en la zona de tolerancia.

De ser detenidas serán acusadas de vestir de manera inadecuada e inducir el trabajo de la prostitución.

Posteriormente, el jueves, 3 de octubre, se repitió la misma situación, los hombres armados llegaron al lugar y amenazaron a las trabajadoras para que se quitaran de la banqueta. Esa situación ocasionó la movilización en la que participó un nutrido grupo de mujeres para exigir que les permitan ejercer su trabajo.

“El señor Leyzaola advirtió que hoy lunes, regresaría para levantar a todas las compañeras que se encontrarán en las calles de tolerancia. Es claro que el señor Leyzaola no utilizó vehículos y civiles armados sin la autorización de Bugueño; y quizá este hecho demanda una investigación y una explicación pública, ya que sin ningún nombramiento oficial ya realiza actividades policíacas”, señaló una de las trabajadoras.

Recordó que entre los clientes que las visitan hay funcionarios y policías municipales, si bien, dijeron que no los van a exponer, señalaron que la actual administración no tiene la calidad moral para intentar quitarlas de las calles.

Cuestionadas en cómo se había comportado Leyzola durante la administración de Jorge Ramos, cuando fungió como secretario de Seguridad Municipal, mencionaron que sí se les intentó quitar de la calle Primera, pero, en la administración de José Guadalupe Osuna Millán.

Víctor Clark Alfaro, antropólogo, defensor de Derechos Humanos y asesor de este grupo de trabajadoras, explicó que en ese entonces, se recurrió a amparos legales, los cuales se les tramitaron a cada una de las mujeres afectadas.

“Desde entonces no se había tenido la agresividad con la que un, supuesto jefe de la Policía llega a la Zona de Tolerancia. Creíamos que era un asunto del pasado”, enfatizó Clark Alfaro.

Las trabajadoras detallaron que en las dos visitas estuvo presente Julián Leyzaola, quien mandó a los hombres que lo acompañaban para indicarles que donde estaban paradas no era la zona de tolerancia, y que si no se quitaban las iban a levantar detenidas.

“Dijo que hasta el día domingo teníamos para trabajar, que ya hoy (lunes) él iba a pasar con patrullas y nos iban a levantar y nos iban a retirar”, indicó una de las trabajadoras que por seguridad omitió su identidad.

Otra de las afectadas agregó, “Él (Leyzaola) solamente quiere que estemos en el callejón todas las muchachas, en el área del callejón y dentro de los bares, los laterales tampoco nos quieren. La zona de tolerancia es calle Primera, Constitución y Niños Héroes”.

El grupo de representantes de las trabajadoras mencionó que en la zona trabajan alrededor de 700 mujeres.

Ante estos hechos se tiene programada una reunión con el secretario general de Gobierno, Arnulfo Guerrero, en la delegación de la Zona Centro. En esa reunión se pedirá un acuerdo para trabajar en la zona, que no se violen sus derechos y que se elimine el cobro de los servicios médicos.

“Vamos a tratar ese tema con él (secretario general de Gobierno) porque la verdad, Servicios Médicos Municipales nos está cobrando un precio injusto, muy elevado. Yo pienso que ese servicio debe ser gratuito porque es para la salud”, opinión una de las trabajadoras.

A la fecha, sacar un tarjetón sanitario por primera vez tiene un costo de 2,700 pesos, y cada mes les hacen un cobro por 600 pesos de unos análisis médicos, y cada cuatro meses es otro examen por 1,200 pesos.

Clark Alfaro argumentó que Servicios Médicos Municipales tendrían que desaparecer porque consideró que es “una falasia” que se controle la salud de las trabajadoras sexuales y no de los clientes porque es un tema que también compete a los usuarios que adquieren sus servicios.

“La idea es que -Servicios Médicos Municipales- desaparezca, y que el Ayuntamiento tenga una campaña permanente de educación sexual con las trabajadoras, para que ellas elijan con cuál médico asistir, pero no con Servicios Médicos porque a final de año terminan pagando cerca de 400 dólares y no reciben nada a cambio”, puntualizó el catedrático.

Por último, Victor Clark, destacó que el día que Leyzaola acudió con las trabajadoras, a nivel nacional la presidenta, Claudia Sheinbaum, anunció la presentación de reformas constitucionales para mejorar y ampliar los derechos de la mujer, lo que catalogó como una contradicción lo que se dicen en el partido de Morena y lo que hacen sus funcionarios.

“Leyzaola solo va en contra de las más débiles porque haya hay un montonal de tiradores, de alcohones, ¿por qué no va en contra de ellos? Que cumpla su responsabilidad. El problema es la delincuencia, ellas no son parte de la delincuencia”, finalizó. N