LIMA, PERÚ.— El Congreso de Perú destituyó al presidente izquierdista Pedro Castillo luego de que este anunció en un mensaje a la nación un autogolpe de Estado. Con más de 100 votos a favor, los parlamentarios sacaron del cargo al maestro rural que este miércoles 7 de diciembre iba afrontar un tercer proceso de vacancia por presuntos actos de corrupción en 16 meses de gestión.
Tras esta decisión, Castillo fue detenido y conducido a una base policial en Lima al no ser ya presidente de Perú. Se encuentra junto a Aníbal Torres, quien se desempeñó como su ministro de Justicia y titular del Consejo de Ministros hasta hace unas semanas. La Fiscalía llegará al lugar a recoger sus primeras declaraciones.
Al mediodía de Lima, Castillo convocó a nuevas elecciones del Congreso y la reorganización del Poder Judicial, la Fiscalía General y el Tribunal Constitucional. “Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Se convocarán elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución con un plazo no mayor de nueve meses”, dijo en su mensaje a la nación.
LOS ARGUMENTOS DE PEDRO CASTILLO
Castillo argumentó su decisión diciendo que “el Congreso sin pruebas imputa al presidente comisiones de delitos muchas veces con las solas afirmaciones hechas en la prensa mercenaria, corrupta y cínica que injuria”. Además, señaló que el Legislativo “no investiga y no sanciona actos delictivos de sus propios integrantes”.
“El Congreso prácticamente ha suprimido la cuestión de confianza dejando incólume a la vacancia presidencial por incapacidad moral. Es decir, el Congreso ha roto el equilibrio de poderes y el Estado de derecho para instaurar la dictadura congresal con el aval como ellos mismos manifiestan de su Tribunal Constitucional”, añadió.
Miembros del Gabinete Ministerial renunciaron tras la decisión de Castillo. Los primeros en hacerlo fueron la primera ministra, Betssy Chávez; los ministros Alejandro Salas (Trabajo), Kurt Burneo (Economía), César Landa (Relaciones Exteriores) y Félix Chero (Justicia), entre otros.
Incluso, el abogado de Castillo, Benji Espinoza, renunció a patrocinarlo legalmente. “Como abogado respetuoso de la Constitución asumí la defensa del presidente de la república presumiendo su inocencia. Al haberse producido una ruptura del orden constitucional, me veo en la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo”, escribió.
GOLPE DE ESTADO QUE AGRAVA LA CRISIS POLÍTICA
La vicepresidenta Dina Boluarte también rechazó el autogolpe de Castillo. “Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley”.
La fiscal general Patricia Benavides rechazó la medida del presidente Castillo. “Quiero rechazar todo quebrantamiento del orden constitucional. Exhorto a respetar la Constitución, el Estado de derecho y la democracia que tanto nos ha costado lograr”, indicó en una actividad pública.
Además, el pleno de la Junta Nacional de Justicia informó que continuarán en funciones recordando el artículo 46 de la Constitución peruana que señala que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador.
Por su parte, el Tribunal Constitucional señaló: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y el señor Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado ineficaz. Las Fuerzas Armadas están habilitadas para restituir el orden constitucional”.
La Procuraduría General del Estado informó que denunciará a Castillo ante el Ministerio Público por el cierre inconstitucional del Parlamento. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional indicaron que el artículo 134 de la Carta Magna señala claramente las causales de cierre del Parlamento. “Cualquier acto contrario al orden constitucional constituye una infracción”, indicaron. N
