El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes que más de 10,000 presuntos pandilleros fueron detenidos. Van “10.094 terroristas arrestados en 17 días. Seguimos guerra contra pandillas”, escribió en Twitter el mandatario.
Las detenciones suceden en el marco de una ofensiva de la policía y ejército tras el asesinato de 87 personas del 25 al 27 de marzo.
El récord de pandilleros detenidos se alcanzó luego que el lunes la policía detuvo a 463 pandilleros y aseguró que seguirá “sin tregua contra los criminales”.
Las detenciones no tienen precedentes en los últimos 30 años en este país centroamericano asediado por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70,000 miembros en el país, de los cuales ahora más de 26.000 estarían en la cárcel.
La ofensiva desplegada por Bukele no solo debe enfrentar al crimen organizado sino también a las críticas del gobierno estadounidense del demócrata Joe Biden. El lunes, Bukele, aseguró que la administración de Donald Trump en Estados Unidos, sí le apoyó en su lucha contra las pandillas, a diferencia de la de Biden.
OLA DE VIOLENCIA
El secretario de Estado, Antony Blinken, había expresado el domingo su “preocupación” por la ola de violencia provocada por las pandillas. Así como por las reformas impulsadas por Bukele que “criminalizan” el trabajo de la prensa.
El 26 de marzo Bukele le declaró la “guerra” a las pandillas que operan en su territorio, principalmente la Mara Salvatrucha y Barrio 18, luego de la escalada de violencia.
A su solicitud el Congreso decretó un régimen de excepción el 27 de marzo, que permite detenciones sin orden judicial. A su vez se reformaron leyes para castigar con hasta 45 años de prisión a quienes pertenezcan a pandillas.
La reforma también incluye castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.
La Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mostró su preocupación por las medidas de excepción adoptadas. A su vez, varios altos funcionarios de la Organización han emitido una declaración en la que expresan su solidaridad con los afectados y piden que se revisen tales medidas.
HASTA 20 AÑOS DE PRISIÓN
Con los recientes cambios en la ley penal juvenil del país, los niños y adolescentes que sean condenados por cometer un delito como parte de un grupo delictivo y que tengan entre 12 y 15 años podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión.
Los mayores de 16 años podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión. Los cambios legislativos permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas, alerta la ONU.
Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte. N
Con información de AFP
