EN 2019 EL MUNDO se sacudió con el inicio de la pandemia por covid-19, enfermedad que afectó al mundo entero, pero no a todos de la misma forma. Las desigualdades estructurales han hecho que las mujeres, en especial las víctimas de racismo y empobrecidas, sean las más afectadas por diversos efectos sociales y económicos.
Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil se unieron para conformar un Observatorio de Género y Covid-19 con el objetivo de hacer un ejercicio de contraloría social que dé seguimiento a la situación que viven diferentes poblaciones de mujeres en relación con los derechos que el Estado debe garantizar en el marco de la pandemia, las acciones que implemente para cumplir con sus obligaciones, las omisiones y las posibles violaciones a derechos humanos.
Asimismo, emitir recomendaciones y visibilizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en México.
Entre las organizaciones que se han unido a este esfuerzo están Gire, Data Cívica, Intersecta, Balance, la Red Nacional de Refugios y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Sus esfuerzos se han puesto en monitorear temas como el acceso al aborto seguro, muerte materna y violencia obstétrica, feminicidios, mujeres con discapacidad, en situación callejera, privadas de la libertad, etcétera.
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La importancia de un ejercicio como el observatorio radica en hacer visibles cómo las condiciones de desigualdad son diferenciadas, entre otras cosas, por el género, así como pensar en el covid-19 no solo en términos de salud pública, sino de manera estructural en sus afectaciones en todos los ámbitos de la vida. A su vez, este observatorio plantea evaluaciones sobre las acciones que el Estado realiza o no para resarcir o aminorar los daños diferenciados hacia las mujeres.
Según al Observatorio, no hay ninguna acción concreta que el Estado haya hecho para contener los daños integrales del covid-19 hacia las mujeres; dentro de los ámbitos evaluados lo mejor que ha hecho el Estado es dar un pronunciamiento público sin acción concreta y, en algunos casos, de manera más grave ha realizado acciones que intensifican las problemáticas.
Por ejemplo, respecto a la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el Observatorio de Género y Covid-19, el Estado ha tenido una responsabilidad de agravamiento del problema por tres circunstancias en particular:
Uno, la negación en reiteradas ocasiones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la violencia contras las mujeres, lo que tiene como consecuencia la invisibilidad del problema, así como la falta de implementación de política pública para atenderlo.
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Dos, los recortes presupuestales a distintas instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Tres, la militarización de la seguridad que tuvo su comienzo desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, pero que continúa con el gobierno actual, es uno de los grandes factores de riesgo para las mujeres. Debido a que los militares en las calles han traído consigo graves violaciones a los derechos humanos, como lo han documentado diferentes organizaciones como Amnistía Internacional e Intersecta.
Las organizaciones de la sociedad civil se han convertido en un gran bastión de defensa de los derechos de las mujeres, por lo que han tenido que enfrentarse no solo a la falta de recursos, sino a la invisibilidad y a la obstaculización de sus diversas tareas.
Es importante un ejercicio como el Observatorio de Género y Covid-19 en tanto pone a la luz que las diversas desigualdades deben atenderse de formas diferenciadas desde una visión estructural, donde el Estado tiene la obligación de la protección de los derechos humanos de las mujeres a través de política pública. N
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Visita el Observatorio de Género y Covid-19: https://genero-covid19.gire.org.mx/