EL TRIBUNAL que juzga los crímenes del conflicto colombiano anunció este jueves que investigará a las FARC, la disuelta guerrilla que firmó la paz en 2016, por el reclutamiento de 18,667 menores de 18 años en sus cinco décadas de levantamiento armado.
“Instrumentalizar niños y niñas en el conflicto ha arrojado dolor en la sociedad colombiana”, expresó el presidente de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, en una conferencia de prensa en Bogotá.
La JEP concluyó un ejercicio preliminar de contrastación sobre el reclutamiento y utilización presuntamente cometido por las extintas FARC. La Sala encontró un universo de 18,677 víctimas únicas, que constituyen una cifra provisional de hechos del Caso 07, subcaso Farc-EP.
Esta cifra se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.
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“Este universo, sumado a la información presentada por 274 víctimas acreditadas, permitió a la Sala definir el camino a seguir en el Caso 07. Así, la Sala priorizará la investigación sobre el reclutamiento ocurrido entre el 01 de enero de 1996 y el 01 de diciembre de 2016, para determinar patrones y responsabilidades individuales. Así lo dio a conocer la Sala de Reconocimiento de Verdad, a través del Auto 159 de 2021”, informó la JEP en un comunicado.
La Sala también analizará tres grupos de conductas asociadas al reclutamiento: violencia sexual y basada en género; desaparición forzada y homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos. Además, determinará si estas conductas, cometidas en el marco del reclutamiento de niños y niñas, constituyen crímenes internacionales.
También se concentrará la actuación en una lógica territorial, atendiendo a los bloques de las antiguas FARC y a sus departamentos de influencia.
“Iniciará por el Bloque Oriental, que cobija los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, y en donde se concentró el 50 por ciento de los reclutamientos del país. Dadas las características de estos departamentos, en donde se encuentran localizados 166 resguardos de 60 pueblos indígenas, la Sala indagará de forma específica por el impacto diferencial que el reclutamiento y utilización de niños y niñas tuvo sobre pueblos étnicos y procurará su participación en las versiones que se realizarán.
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“La Sala considera importante que tanto los comparecientes como las víctimas conozcan el resultado de este ejercicio preliminar de contrastación como el enfoque del caso para que puedan ejercer de mejor manera sus derechos, garantías y obligaciones dentro del proceso. Igualmente, la Sala busca facilitar que los comparecientes cuenten con elementos adicionales para preparar sus aportes, contribuciones y reconocimientos de verdad, si a ello hay lugar”.
La JEP tomó en cuenta que los datos analizados evidencian cuatro picos históricos de reclutamiento de menores en el país. Uno que comienza a crecer desde el año 1997 hasta llegar a su máximo punto en el 2000, con 1.817 victimizaciones.
Un segundo pico, en el 2002, con 1.201 registros, un tercero, en el 2007, con 1.140 víctimas registradas, y un último pico, en el 2013, con 1.766 víctimas. Con base en estas cifras se tomó la decisión de la priorización temporal, dado que el periodo de 1996 a 2016 concentra el mayor número de hechos.
“Esto permitirá evidenciar con mayor claridad su gravedad y representatividad. Es importante aclarar que esta ventana temporal no tendrá ningún impacto en el reconocimiento y tratamiento de quienes ya se han acreditado como víctimas de hechos cometidos antes de 1996.
“En la priorización atendiendo a la edad de las víctimas, la Sala determinó dos hipótesis de trabajo. De una parte, que las FARC reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas de 15, 16 y 17 años como parte de su política expresa y formal de reclutamiento. De esto da cuenta el registro de, por lo menos, 9.870 menores de este rango de edad en el universo provisional de hechos, que equivale al 52,85 por ciento de los registros”. N
