LA UNIÓN Europea destinó 7 millones de euros para mejorar las prácticas de atención a la niñez migrante. La iniciativa se desarrollará en los próximos 30 meses para reforzar los mecanismos de atención y protección de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana en Zambia, África del Sur, México y El Salvador.
En 2019, autoridades mexicanas identificaron aproximadamente 52,000 niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana. Iban acompañados por sus familias o sin la compañía de un adulto. Los riesgos y la violencia a la que se enfrentan a lo largo de su viaje implican violencia sexual y de género, captación por redes de trata o crimen organizado, separación familiar, abusos, extorsión, secuestro, así como otros tantos obstáculos para poder acceder a sus derechos y a mecanismos adecuados de protección internacional.
En México, los fondos europeos permitirán continuar impulsando la reciente reforma a la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a través del fortalecimiento de los sistemas de protección para mejorar las opciones de cuidados alternativos, informó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), a través de un comunicado.
Junto con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), los actores involucrados buscarán fortalecer la respuesta de apoyo a la salud mental y psicosocial, así como la prevención de la violencia, asegurando servicios de atención sensibles al género.
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La UNICEF implementa intervenciones para asegurar la protección y los derechos para la niñez migrante, aportando al fortalecimiento de las capacidades de diversas instituciones clave en materia de protección infantil, así como colocándose en primera línea de respuesta para su atención.
En tanto que ACNUR brinda asesoría y acompañamiento para la gestión de casos que involucren a menores de edad con necesidades de protección internacional como refugiados.
El proyecto se implementará en Baja California, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz en colaboración con los gobiernos federal y estatales, y en coordinación con instituciones como DIF, SIPINNA, COMAR, INM y diversas organizaciones de la sociedad civil.
“Los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes migrantes viajan con ellos y deben ser protegidos en todo lugar y en todo momento. Para fortalecer las instancias y los mecanismos encargados de protegerlos, entre ellos brindar opciones de cuidado y de apoyo psicoemocional, es necesaria la suma de esfuerzos de todos los sectores involucrados”, apuntó Christian Skoog, representante de UNICEF en México.
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En el contexto de la pandemia por COVID-19, las dinámicas de movilidad se pausaron, especialmente por el cierre de las fronteras. Sin embargo, la situación de la infancia migrante es aún más vulnerable, debido al confinamiento y a la reducción del acceso a servicios básicos como salud y educación, las limitaciones en un gran número de albergues y al restringirse su acceso a soluciones de protección.
“El número de niños solicitantes de asilo ha aumentado a nivel mundial y también en México. Sin embargo, muchos de los niños, niñas y adolescentes que llegan a México y necesitan protección internacional como refugiados no están siendo identificados. Son particularmente vulnerables frente a diversos riesgos durante el desplazamiento. El lanzamiento de este proyecto es muy oportuno y brindará un apoyo importante en la implementación de la reciente reforma legal que prohíbe toda detención migratoria de niños, niñas y adolescentes”, señaló Mark Manly, representante de ACNUR en México.
Algunas de las actividades que se han realizado para esa población vulnerable incluyen la promoción de soluciones de cuidado y alojamiento, un sistema robusto de gestión de casos, la identificación y el registro de niños y niñas no acompañados, actividades de apoyo psicosocial y educación en emergencias en espacios amigables para la niñez y el apoyo técnico a instituciones. N
