Las medidas del gobierno mexicano para contener el flujo de migrantes, puestas en marcha por la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles, orillaron a la clandestinidad a las personas que cruzan el país de manera irregular y les bloqueó el acceso a servicios básicos, denunció Médicos Sin Fronteras (MSF).
En su informe Sin salida, la organización señala que las políticas migratorias adoptadas por Estados Unidos y México “provoca que un número mayor de personas queden atrapadas en un círculo vicioso”.
Las personas que salen de su país por la violencia y la situación económica, explica MSF, son tratadas como criminales: detenidas, deportadas y, a menudo, devueltas a las mismas condiciones de las que intentaban escapar.
Aunque los estados están obligados a ofrecer protección a las personas que huyen de la violencia y la persecusión, Estados Unidos ha impulsado medidas para limitar el derecho al asilo y “ha presionado a México y a otros países de la región para frenar la migración y evitar que los solicitantes de asilo lleguen a su frontera sur”.
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Específicamente, MSF dice que desde que el gobierno mexicano firmó la declaración conjunta con Washington en la que se comprometía a “tomar medidas sin precedentes para frenar la migración irregular” empeoró la situación de los migrantes, con redadas y detenciones masivas.
La organización encontró que el 45.8 de las personas dijeron haber sufrido al menos un evento relacionado con la exposición a situaciones de violencia como determinante para tomar la decisión de migrar. Más de un tercio de ellos ya habían sufrido desplazamiento interno en sus países por la misma razón.
“En su trayecto en busca de protección, muchas de estas personas estuvieron expuestas a mayores riesgos: el 57.3 % de los entrevistados se vieron expuestos a la violencia en varias de sus formas durante la migración”, detalla el texto.
“El aumento en las detenciones sin un plan adecuado de acogida por parte del Gobierno mexicano ha llevado al colapso de los centros de detención, que en algunos casos ingresaron al doble de personas de su capacidad real”, dice el texto presentado este martes.
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Tales centros, continúa, están masificados y la disponibilidad de agua, comida o atención médica es limitada, no se respetan los servicios mínimos ni hay capacidad de ofrecer información sobre el proceso al que se enfrenta cada persona, además de que aumentan tanto los abusos como las situaciones de discriminación y el maltrato.
“El hacinamiento, la atención médica deficiente y la falta de recursos adecuados fueron la norma en los centros de detención visitados por MSF durante el año 2019”, señala el informe.
“Nuestros equipos han tratado a personas con enfermedades infecciosas y diarreas y a víctimas de violencia de todo tipo (incluyendo violencia sexual), personas que estaban sin diagnosticar ni tratar” añade.
“Un infierno”, “nunca hubiera venido”, los testimonios de migrantes
El informe de Médicos Sin Fronteras recoge algunos testimonios de las 480 personas que atendió durante 2018, la mayoría proveniente del Triángulo Norte de Centroamérica, comprendido por Honduras, Guatemala y El Salvador.
Ana Paula, migrante hondureña atendida en Tabasco, contó a la organización que ella viajaba con su familia, cuando un grupo de hombres los asaltó y abusaron de ella. “No les importó que estuviera mi hijo”, dijo.
“No me esperaba que fuera a pasar esto. Si lo hubiera sabido, nunca hubiera venido. Allá no teníamos para comer. No puedo dormir, ya no quiero estar en México, tengo miedo de que me vuelva a pasar lo mismo más adelante”, añadió.
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José, migrante guatemalteco atendido en Nuevo Laredo, informó que fue secuestrado, golpeado y que le pidieron un número de teléfono de un familiar o amigo de Estados Unidos para pedir el rescate.
“Eso en una salita, todo de madera, y de ahí, cuando te sacan el número, te meten en el cuarto con colchones. Ahí vi niños, niñas, muchachas, señoras, de todas las nacionalidades, hasta mexicanos, y todos tienen que pagar esa cuota. Si te encuentran un número y no lo has dado, dicen que te matan. Eso es un infierno”, dijo.
“Mis hijos no comen, han bajado de peso, y mi hija estuvo tres días con fiebre y a nadie le importó. La llevé con el médico [del centro] y me dijo que no tenía calentura, que era normal porque hacía calor, y que no me quejara, que de todas maneras yo era culpable por haber salido de mi país”, contó Ana María, paciente nicaragüense atendida en Veracruz.
El informe señala que la población solicitante de asilo y migrante centroamericana está “atrapada por una combinación de barreras que suponen un riesgo para la salud tanto física como mental”.
“Los Gobiernos regionales han fracasado a la hora de asegurar un marco legal efectivo y aplicar políticas que garanticen la asistencia y protección de estas personas”, denunció.
