La narrativa de transformación prometida por Andrés Manuel López Obrador enfrenta su mayor contradicción: el uso del software espía Pegasus durante su administración, dirigido contra ciudadanos mexicanos. Lejos de erradicar las prácticas del pasado, el nuevo gobierno replicó la maquinaria de vigilancia con la misma lógica de represión encubierta.
Documentos presentados por WhatsApp ante una corte en Estados Unidos, como parte de su demanda contra la empresa israelí NSO Group, revelan que entre abril y mayo de 2019, apenas iniciado el sexenio, 456 usuarios mexicanos fueron espiados con Pegasus. Las cifras son contundentes: México concentró el 37% de los ataques globales detectados en ese periodo.
La organización Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) difundieron la información, subrayando que esta es la primera vez que se revela la magnitud del espionaje estatal bajo AMLO, el cual había sido sistemáticamente negado por su administración.
Un Estado que espía, un gobierno que calla
Los datos incluyen intervenciones a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas, algunos de ellos directamente relacionados con investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.
Entre los casos documentados por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, están el del periodista Ricardo Raphael, un reportero de Animal Político y el activista Raymundo Ramos. Todos ellos fueron espiados en 2019 mientras documentaban abusos militares.
Ese mismo año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) firmó un contrato con Comercializadora Antsua, representante oficial de Pegasus en México, según reveló la investigación periodística Ejército Espía. Y aunque la Sedena niega haber operado el Centro Militar de Inteligencia (CMI), su existencia está documentada en un informe oficial de 2020.
Impunidad institucional y promesas vacías
La historia no se limita a los contratos. Desde 2017, víctimas del espionaje con Pegasus han presentado denuncias penales ante la FEADLE, sin que haya un solo responsable procesado. En 2022 y 2023 se repitieron las denuncias. El patrón se mantiene: silencio, opacidad, impunidad.
En marzo de 2023, el presidente López Obrador prometió en conferencia matutina entregar toda la información. “No hay nada ilegal”, dijo. Sin embargo, la Sedena sigue negándose a transparentar los contratos, desobedeciendo incluso resoluciones del INAI.
Te puede interesar leer | La Fórmula 1 2025: nuevos retos, viejos colosos y una estrella emergente
El espionaje con Pegasus no es nuevo en México. Su primer uso documentado se remonta a 2012, bajo el mando del entonces presidente Enrique Peña Nieto, cuando la Sedena se convirtió en cliente de NSO Group. Pero lo que hoy enciende la crítica es la continuidad de estas prácticas bajo un gobierno que prometió erradicarlas.
La vigilancia a través de Pegasus sigue siendo una herramienta de control político. Cambian los gobiernos, persiste el espionaje. N
Con información de Animal Político.
