Detrás del anteproyecto de la Ley para la Regulación de la Cannabis que se encuentra en análisis de las comisiones del Senado de la República, se encuentran los intereses de las grandes empresas de Canadá que buscan una regulación a modo para obtener mayores ingresos económicos, pero que a su vez dejaría en las mismas condiciones de rezago y marginación a los campesinos mexicanos que se dedican a cultivarla, así lo aseguró la profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Región Centro, Catalina Pérez Correa.
“Es un paso muy importante, qué bueno que se está dando, pero el riesgo que estamos viendo es que la regulación que favorezca a las grandes empresas productoras, específicamente canadienses, que han estado haciendo cabildeo en el Senado y en la Cámara de Diputados para hacer una regulación que pueda ser favorable a sus intereses, y eso implica que los campesinos y usuarios mexicanos van a quedar más o menos en las mismas situaciones que hoy tenemos, sino se incluye en la iniciativa un componente de justicia social”.
La propuesta legislativa que está en análisis en la Cámara Alta no considera elementos que abonen a la justicia social, y dejen de criminalizar a los sectores más marginados en el proceso de producción o de consumo.
“No se trata sólo de regular la marihuana, la cannabis, porque es una buena idea y es una buena oportunidad de desarrollo para los mexicanos, se trata de que haya justicia social, que es que las personas que durante años han sido criminalizados y afectados por la actual política, puedan obtener beneficios e ingresar a un mercado legal”, indicó.
La iniciativa prevé que la cannabis esté permitida para fines comerciales, farmacéuticos, médicos, personales, lúdicos o recreativos.
Con la regulación se pretende permitir la posesión de hasta 28 gramos para consumo personal, sin que el Ministerio Público inicie una investigación por ello.
No obstante, sería a partir de portación de más de 200 gramos de cannabis cuando se pueda ejercer acción penal, con sanciones de entre tres y seis años de prisión.
Sin embargo, uno de los aspectos que no considera la iniciativa es una regulación más flexible del autocultivo, por lo que la adquisición de semillas de cannabis sólo podrá darse a través de las grandes empresas, añadió la investigadora.
“Se establece un requisito de trazabilidad, que es que una persona que plante en México tiene que trazar la legalidad de su semilla, pero en México nadie tiene semillas legales, sólo las empresas canadienses, esa norma estará beneficiando a esa industria y para el autocultivo las normas son super restrictivas”.
En caso de aprobarse la regulación de cannabis en México, se deberá cambiar el enfoque, de ser una problemática de seguridad nacional a uno de salud, por lo que se deberán destinar mayores recursos para la prevención y tratamiento de las personas que tengan problemas con el consumo.
“Se debe poner la mayor cantidad de recursos en las estrategias de salud y no como sucede hoy, en las estrategias de represión, que es la erradicación, el uso de cárceles, los ministerios públicos, los militares y los retenes de las carreteras, a donde se destina ahorita más del 95% de los recursos y sólo el resto se va a las instituciones de salud y tendría que invertirse si realmente queremos darle un enfoque del sector salud”, agregó.
Pérez Correa citó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los que sólo el 10% de las personas que consumen sustancias ilícitas tienen un consumo problemático, por lo que se requieren más estrategias de riesgos y daños y no punitivas que criminalicen la posesión y el consumo.
