Leonardo García Vázquez, acusado del delito de difamación por la empresa Sylma, ejerció el “elemental derecho de denunciar el agravio del cual fue objeto”, planteó Cuauhtémoc Granados Díaz, director del Área Académica de Jurisprudencia del Icshu.
Puesto que mostró fotografías en las cuales es posible observar la inundación sufrida por las calles del fraccionamiento Esmeralda, el ciudadano, actualmente vinculado a proceso, justificó sus acusaciones, manifestó el docente investigador de la Universidad Autónoma del Estado del Estado de Hidalgo (UAEH).
“Vemos las calles inundadas y él está sustentando su dicho, aquí cosa contraria sería si alguien difama pero no sustenta sus aseveraciones”, sostuvo el doctor en Derecho.
Cuestionado sobre la necesidad de que los delitos contra el honor, entre ellos la difamación, sean derogados de la legislación local, el abogado dijo que a su criterio esto no debe ocurrir “porque para que una persona se refiera a otra sobre difamación debe hacerlo con pruebas o sustento”.
Granados Díaz dijo esperar que este tipo de asuntos no inhiban la denuncia ciudadana, pues, reiteró, cualquier persona que se sienta agraviada tiene derecho a quejarse y acudir a las instancias que considere pertinentes, con mayor motivo, afirmó, si las anomalías que hace evidentes, pueden ser probadas.
Por otra parte, activistas alertaron que el caso de la acusación por difamación por parte de la empresa contructora, inhibe e intimida el reclamo social.
Reyna Torres Juárez, presidenta de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh), consideró “lamentable” que se tomen ese tipo de acciones contra un ciudadano, pues envía un mensaje a la ciudadanía de que denunciar actos de corrupción puede tener consecuencias legales.
