La justicia francesa ha abierto una investigación preliminar contra Apple por la supuesta “obsolescencia programada” de ciertos modelos de iPhone del gigante estadounidense, quien aceptó que ralentiza algunos de sus teléfonos, informó el lunes una fuente judicial a la AFP.

Esta investigación, que fue abierta el 5 de enero y también concierne hechos de “engaño”, llega tras la denuncia de la asociación francesa Halte à l’obsolescence programmée (HOP, ‘Alto a la obsolescencia programada’), presentada el 27 de diciembre, en la que se acusa a Apple de disminuir expresamente el rendimiento y la duración de sus smartphones mediante su sistema de actualización.

HOP considera que la empresa “estableció una estrategia global de obsolescencia programada con el objetivo de aumentar sus ventas” y señala que el gigante estadounidense puede ser demandado por los teléfonos que vendió en Francia desde la ley de transición energética en el 2015.

Apple, que cada año saca a la venta un nuevo modelo de iPhone, reveló a finales del año que ralentizaba voluntariamente el rendimiento de los teléfonos para “prolongar su vida”, por lo que se disculpó y anunció que reduciría el costo de

La decisión se tomó, según la compañía, debido al uso de baterías de ion de litio, a las que cada vez les cuesta más responder a las numerosas demandas del usuario del dispositivo a medida que va envejeciendo.

Apple ya enfrenta juicios en Estados Unidos por acusaciones de haber defraudado a usuarios de iPhone al desacelerar los dispositivos sin previo aviso para compensar el bajo rendimiento de la batería.

En Francia, el fabricante Epson también es investigado por obsolescencia programada porque, según HOP, emplea “técnicas” como “el bloqueo de las impresiones con la excusa de que los cartuchos de tinta están vacíos cuando aún les queda tinta”.

La ley francesa sanciona desde agosto de 2015 “la obsolescencia programada”, que según el texto “se define por el conjunto de técnicas a través de las cuales un fabricante pretende reducir deliberadamente la vida útil de un producto para aumentar la tasa de reemplazo”.

La obsolescencia programada se castiga con una pena de dos años de cárcel y con 300,000 euros de multa, que puede llegar al 5 por ciento de los ingresos medios anuales.

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(Con información de AFP).