
EL CHOFER MARCO ANTONIO HUAMÁN cargaba combustible en uno de los barrios más pobres de Lima cuando estuvo a punto de morir. Un sicario subió a su autobús y le disparó en la pierna.
La empresa para la que trabajaba había recibido amenazas de extorsión. El atacante, según relató Huamán, le dejó un mensaje verbal para la compañía de transporte Santa Catalina: “O se comunican o la próxima vez dejo un muerto”.
El crimen organizado mantiene sometidos a los peruanos, especialmente en la capital, donde viven más de 10 millones de personas. La ola de inseguridad provocó la destitución de la presidenta Dina Boluarte el 10 de octubre, tras un juicio político en el Congreso y en medio de protestas que se tornaron violentas, con decenas de heridos entre policías y manifestantes.
El gobierno interino de José Jerí declaró el estado de emergencia en Lima el miércoles y envió a los militares a patrullar las calles. Con cerca de 50 asesinatos este año, de acuerdo con el gremio de transportistas, los conductores sienten que ejercen el oficio más peligroso del país.
“Es la profesión más riesgosa que tenemos acá, no hay otra”, remarca Huamán en su casa en el barrio popular de San Juan de Lurigancho.
El 23 de septiembre este conductor de 49 años rozó la muerte. En un video que muestra en su celular se le ve tirado y ensangrentado en el piso del vehículo. Aún se está recuperando del impacto de bala. Después del “milagro” de sobrevivir no quiere volver a su oficio.
Las empresas de autobuses deben pagar un cupo mensual a las bandas de extorsionadores. Si no lo hacen, mandan a sicarios a matar a los choferes. En Lima hubo al menos 102 homicidios por extorsión en 2024. Mototaxistas y choferes fueron las principales víctimas, según Indaga, observatorio adscrito al Ministerio de Justicia.
El silencio impera en las estaciones de autobuses Los atentados suelen ser de noche y sin aviso, y algunos frente a los pasajeros. “Vives con miedo. Te da ansiedad, hasta depresión”, cuenta el hombre. En los últimos meses atentaron contra otros dos choferes de su empresa, relata. Ambos sobrevivieron heridos. Muchos ya no quieren conducir.
“Yo pensé renunciar a esto, pero necesito el dinero”, explica David mientras maneja en su ruta. El conductor de 48 años evita dar su apellido por miedo.
Trabaja cerca de 14 horas y cobra unos 25 dólares al día, que usa para mantener a su pareja y dos hijos. La precariedad laboral y la informalidad, que alcanza 70 por ciento en Perú, son aprovechados por las bandas ilegales que cooptan a gente de bajos recursos para sus filas.
Los dos conductores comparten un miedo: no volver a casa. Cuando lo atacaron, Huamán pidió a Dios que cuidara de sus dos hijos, cuenta entre lágrimas. Preso de la paranoia tras el ataque, asegura que le gustaría vivir en un país con un gobierno de mano dura contra el crimen organizado.
“Prefiero vivir en El Salvador, en el país del señor Nayib Bukele, porque creo que es el país ahora más seguro”, dice.
Aquí “te matan por 20 soles (cinco dólares)”, lamenta. Dice que le gustaría emprender con su propio comercio, pero teme a los extorsionistas, que también amenazan a ese sector.
La inseguridad es la principal preocupación de los peruanos de cara a las elecciones generales de 2026. David cuenta que su hija de cinco años se pone a llorar y le pide que no salga a trabajar.
Pero como persona de bajos recursos no puede dejar el trabajo y migrar, como le gustaría. “Antes ser conductor era tranquilo (…) pero desde hace medio año ya no”, dice David, que arrancó con 13 años como cobrador y empezó a manejar cuando cumplió la mayoría de edad.
Entre enero y septiembre se registraron 20,705 denuncias por extorsiones en Perú, según la policía, casi un 29 por ciento más que el año anterior. El delito se coordina muchas veces desde las prisiones.
“Le pido a este gobierno que tome las medidas más fuertes contra la criminalidad”, exige Huamán. N
(Con información de agencias)