Guanajuato se convirtió en el primer estado del país en reactivar los trabajos del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) tras la desaparición del INMUJERES y la CONAVIM, que dieron paso a la Secretaría de las Mujeres a nivel federal.
Durante la sesión, el GIM aprobó por unanimidad la matriz de indicadores de las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), lo que permitirá evaluar y calificar las 40 acciones implementadas por los tres poderes del estado, organismos autónomos y los 17 municipios incluidos en la declaratoria.
La aprobación de esta matriz facilita que el grupo cuente con criterios claros para elaborar el informe anual de la AVGM, que será presentado el próximo 25 de octubre.
La Secretaría de las Mujeres de Guanajuato presentó el Sistema de Avances para el seguimiento de la Alerta, una plataforma digital donde se registran los resultados de cada acción de la matriz, accesible tanto para la Secretaría de las Mujeres federal como para los integrantes del GIM.
La secretaria estatal, Itzel Balderas, resaltó que cada acción, cada programa y cada esfuerzo institucional están enfocados en avanzar hacia una vida libre de violencia y en garantizar la igualdad de oportunidades para todas.
Por su parte, el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, destacó el compromiso de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo con la defensa de la vida y la seguridad de las mujeres en Guanajuato.
“Desde el primer día trabajamos en equipo con el Gobierno Federal, los municipios, el Congreso, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, con la convicción compartida de que la violencia de género es intolerable y requiere una respuesta efectiva y transversal”.
Finalmente, Ingrid Gómez Saracíbar, destacó la importancia de fortalecer el GIM para que las acciones no sólo respondan a situaciones de urgencia, sino que se incorporen al trabajo cotidiano en favor de los derechos de las mujeres.
El GIM quedó conformado por representantes de la Secretaría de las Mujeres federal y estatal, la CNDH, organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos, con la participación permanente de autoridades estatales como el Secretario de Gobierno, la Procuradora de los Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado.
