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¿Qué cambia con la nueva Ley de Transparencia en Durango?

Publicado el 23 de diciembre, 2025
¿Qué cambia con la nueva Ley de Transparencia en Durango?
Congreso de Durango

El Congreso del Estado de Durango aprobó por unanimidad una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que regirá tanto a nivel estatal como municipal, con el objetivo de adecuar la legislación local a los principios establecidos en las constituciones federal y estatal.

Cabe mencionar que fueron tres iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios del PRI, PAN y Morena, las cuales se revisaron y dictaminaron en la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El nuevo ordenamiento está conformado por 198 artículos distribuidos en ocho títulos y establece las bases generales para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los municipios, los órganos constitucionales autónomos, los partidos políticos, así como fideicomisos, fondos públicos y cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad.

Uno de los cambios centrales es la reconfiguración del esquema institucional. El Instituto Duranguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIP) transferirá sus recursos materiales y financieros a la Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado, los cuales podrán integrarse a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, dependencia que asumirá las funciones sustantivas en la materia.

La ley establece que toda la información generada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible, salvo aquellas excepciones que, de manera temporal, puedan clasificarse como reservadas por razones de interés público o seguridad nacional.

Asimismo, se precisa que no podrá considerarse reservada la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

El nuevo marco legal también establece que ninguna persona podrá ser sancionada o investigada por ejercer su derecho de acceso a la información, ni que este derecho pueda ser limitado por mecanismos directos o indirectos.

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