El Congreso del Estado aprobó las reformas constitucionales que trasladan al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) las funciones del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP). Con esta modificación, el tribunal será la instancia encargada de conocer y resolver los recursos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos.
De acuerdo con el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, la ciudadanía, aseguran, continuará contando con mecanismos efectivos para solicitar información pública y asegurar el resguardo de sus datos personales.
De manera unánime, las y los legisladores establecieron que el TJA deberá operar bajo principios estrictos de legalidad, independencia, imparcialidad, transparencia y máxima publicidad, replicando los estándares que previamente aplicaba el IDAIP.
El decreto también define las responsabilidades de cada poder y nivel de gobierno. En el Poder Ejecutivo, la Secretaría de la Contraloría será la encargada de diseñar políticas públicas y mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. En el Poder Legislativo, el órgano interno de control deberá vigilar que el Congreso mantenga actualizada su información y atienda las solicitudes ciudadanas.
En el Poder Judicial, el respectivo órgano de control será responsable de asegurar el manejo adecuado de la información y el respeto a la protección de datos personales. A nivel municipal, cada ayuntamiento deberá contar con áreas de transparencia plenamente operativas, mientras que su vigilancia recaerá en la Contraloría del Ejecutivo estatal.
Finalmente, los órganos constitucionales autónomos deberán cumplir estas disposiciones mediante sus propios órganos internos de control o áreas equivalentes, con el fin de asegurar uniformidad en el acceso a la información en toda la administración pública.
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