El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), creado en 2002 como un organismo autónomo, dejó de existir oficialmente tras la publicación de un decreto presidencial en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La desaparición de esta institución marca un giro en el modelo de transparencia en México, con sus funciones ahora bajo la tutela de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Un traspaso bajo protesta
La mañana del viernes, personal de la Secretaría Anticorrupción tomó posesión del edificio del Inai, en medio de protestas de trabajadores que exigen claridad sobre su futuro laboral. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que parte de la plantilla será reubicada y el resto recibirá su liquidación conforme a la ley, empleados han denunciado falta de información sobre los criterios de reubicación o los términos de sus finiquitos.
Transparencia bajo el control del Ejecutivo
Con la disolución del Inai, sus atribuciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales serán asumidas por un nuevo órgano desconcentrado: Transparencia para el Pueblo, el cual operará dentro de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El Gobierno también anunció la creación del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y el Consejo Nacional de Transparencia, ambos bajo la nueva dependencia, con el objetivo de fortalecer las funciones de acceso a la información y fiscalización gubernamental.
Plataforma de Transparencia se mantiene
Pese a la desaparición del Inai, el Gobierno aseguró que la Plataforma Nacional de Transparencia, utilizada para consultar información gubernamental, seguirá en operación. No obstante, expertos advierten que el traslado de la transparencia al ámbito del Ejecutivo podría comprometer la independencia en la rendición de cuentas y limitar el acceso ciudadano a la información.
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El cierre del Inai representa un cambio drástico en el panorama de la transparencia y rendición de cuentas en México. Mientras el Gobierno defiende la medida como una modernización del sistema, críticos alertan sobre el riesgo de opacidad en el acceso a la información pública. N
