Una mujer estadounidense declarada con muerte cerebral en febrero pasado dio a luz de manera prematura en el estado de Georgia, donde las recientes leyes antiaborto impidieron que se le retirara el soporte vital debido a la viabilidad del feto. El caso ha reavivado el debate nacional sobre el impacto de las restricciones al aborto en Estados Unidos.
Adriana Smith, enfermera de 31 años y madre de un niño de siete, fue mantenida conectada a sistemas de respiración artificial durante más de tres meses en el Hospital de la Universidad de Emory, tras ser diagnosticada con muerte cerebral. La razón: interrumpir el soporte habría significado la muerte del feto, lo cual podría considerarse ilegal bajo la legislación vigente en Georgia.
UN NACIMIENTO EN CONDICIONES CRÍTICAS
El bebé, llamado Chance, nació mediante cesárea de emergencia la madrugada del viernes 13 de junio. Según April Newkirk, madre de Smith, el recién nacido pesa apenas 1 libra con 368 gramos (822 gramos), y actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos neonatales.
“El bebé está luchando”, dijo Newkirk al medio local WXIA-TV, afiliado de NBC, mientras confirmaba que la familia espera que este martes se retire el soporte de vida artificial de su hija.
LA LEY DE GEORGIA: CORAZÓN FETAL Y LÍMITES ÉTICOS
Desde que en 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos revocó Roe vs. Wade, el estado de Georgia aplica una de las leyes más estrictas en el país: prohíbe el aborto desde que se detecta actividad cardíaca fetal, lo que puede suceder desde las 6 semanas de gestación. En el caso de Smith, esta legislación impidió que los médicos retiraran el soporte vital, aunque ella ya había sido declarada legalmente muerta.
La familia de Smith denunció que no tenía poder de decisión sobre su tratamiento médico, pese a que su hija no mostraba ninguna posibilidad de recuperación. El caso se viralizó por visibilizar el vacío legal que enfrentan los profesionales médicos y familiares en contextos tan extremos.
LA POSTURA DEL GOBIERNO ESTATAL
Ante la creciente presión pública, el fiscal general de Georgia, Chris Carr, emitió un comunicado aclarando que la ley no exige mantener con vida a mujeres con muerte cerebral. “Retirar el soporte vital no constituye un acto con el propósito de terminar un embarazo”, explicó Carr, matizando así una interpretación que había paralizado las decisiones médicas durante meses.
Sin embargo, el testimonio de la familia revela que los médicos actuaron con cautela por temor a enfrentar repercusiones legales.
UN CASO QUE DESAFÍA LA ÉTICA MÉDICA
Adriana Smith trabajaba como enfermera precisamente en el hospital donde fue atendida. Su caso se convirtió en símbolo de los efectos secundarios de las políticas antiaborto, atrayendo la atención de activistas por los derechos reproductivos en todo el país.
“Soy su madre. No debería estar enterrando a mi hija. Mi hija debería estar enterrándome a mí”, declaró entre lágrimas April Newkirk, quien también reveló que celebraron el cumpleaños 31 de Smith el pasado domingo junto a grupos pro derechos civiles.
DEBATE NACIONAL: ¿QUIÉN DECIDE?
El caso de Smith vuelve a poner en la mesa una pregunta incómoda para legisladores, médicos y familias: ¿quién tiene la última palabra cuando se trata de una mujer embarazada en estado irreversible? ¿La familia, el cuerpo médico o el Estado?
Los defensores de derechos reproductivos advierten que este tipo de legislaciones impiden actuar con humanidad y criterio médico, obligando a sostener vidas vegetativas en nombre de una interpretación rígida de la ley. N
(Con información de AFP y EFE)
