Desde 2017, María Teresa lucha contra la violencia ejercida por su expareja, Martín N, médico de profesión y padre de sus tres hijos. A pesar de seis denuncias presentadas en el Centro de Justicia para la Mujer y la emisión de órdenes de restricción, la violencia física y psicológica persiste.
Lejos de ser detenido, el acusado desafía las medidas de protección, riéndose de la situación, aunque existen pruebas del acoso y hostigamiento que a diario ejerce.
“Me encuentra en el banco, en la escuela de mis hijos, en la calle, sabe siempre donde estoy, no me siento segura, el es libre de moverse y yo no”, reclamó.
Las autoridades, hasta ahora, no han logrado brindar una seguridad efectiva a María Teresa y sus hijos, por lo que pidió a las autoridades revisar su caso, tomar medidas reales y no archivar denuncias para evitar que el proceso y la justicia se sigan retardando.
Aunque se le ha ofrecido resguardo en un refugio para mujeres violentadas, no le ha sido posible recibir la ayuda debido a que sus tres hijos, menores de edad, son todos varones, y el espacio es exclusivo para mujeres.
Desea irse de Durango, pues dijo que vive con el temor constante, afectando la vida diaria de ella y sus hijos.
Señaló que la jueza Sonia, del Centro de Justicia para las Mujeres ha desestimado las evidencias, ignorando videos del C5 y testimonios de testigos de los actos de violencia.
El constante cambio de agentes del Ministerio Público y la incorrecta integración de carpetas generan perjuicios a las víctimas, según Julieta Hernández Camargo, presidenta de “Si hay mujeres en Durango”.
Apuntó que existen casos que tardan años en lograr justicia, y la falta de atención adecuada por parte de la jueza Sonia, en el Centro de Justicia para las Mujeres, agrava la situación, dejando a los agresores libres sin considerar la perspectiva de género.
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