Por cuarto año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, con 31 puntos sobre 100, al igual que El Salvador, Kenia y Togo. Con esta nueva edición, presentada por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 126 de los 180 países evaluados.
De acuerdo con el reporte, entre los países peor calificados están Sudán del Sur (13/100), Siria (13/100) y Venezuela (11/100). El IPC es considerado el principal indicador mundial para medir la corrupción en el sector público, donde 0 representa la mayor corrupción y 100 la menor.
Bajo ese panorama, en cuanto a Latinoamérica, México está por encima de Bolivia (29/100), Paraguay (28/100), Guatemala (23/100), Honduras (23/100), Haití (17/100), Nicaragua (17/100) y Venezuela.
Los puntajes más altos del IPC corresponden a Dinamarca (90/100), Finlandia (87/100) y Nueva Zelanda (85/100). Sin embargo, entre el grupo de países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica en el último lugar. En el G20, el grupo de las 20 economías más grandes del mundo, la nación se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia, que tiene 26 puntos.
“Aunque se abren cientos de carpetas de investigación por posibles actos de corrupción, las sanciones no llegan. Tampoco se han recuperado los activos desviados o se ha conducido una apropiada reparación de daño para las víctimas.
“De hecho, el Estado mexicano no reconoce a los ciudadanos y contribuyentes del país como víctimas en las tramas de corrupción que han sido documentadas y expuestas ante la opinión pública”, acusó en un comunicado Transparencia Mexicana, organización de la sociedad civil que promueve políticas públicas y actitudes privadas.
“GRANDES CASOS DE CORRUPCIÓN EN MÉXICO NO HAN LLEGADO A SENTENCIAS DEFINITIVAS”
Desde 2020, México no presenta cambios en su puntaje ni en su posición en el IPC. Esta organización argumenta que, a pesar de que la sociedad mexicana identifica a la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de las desigualdades, “grandes tramas de abuso de poder no han sido sancionadas”.
“Ninguno de los grandes casos de corrupción ha llegado a sentencias definitivas”, apunta.
Algunos casos que enumera son la Estafa Maestra, con un desvío estimado en 7,000 millones de pesos; Agronitrogenados-PEMEX, donde se estima un desvío de 200 millones de pesos, o el caso SEGALMEX-DICONSA-LICONSA, cuyo desvío estimado es de aproximadamente 9,500 millones de pesos. No obstante, casos de corrupción internacional como Odebrecht, tampoco han llegado a sentencias firmes.
A unos días de que inicien formalmente las campañas presidenciales, que arrancarán el 1 de marzo y concluirán el 29 de mayo, Transparencia Mexicana enfatizó que la corrupción será un reto para la siguiente administración, especialmente por el avance del crimen organizado en numerosas jurisdicciones del país.
GARANTÍAS A QUIENES INVESTIGUEN EL ABUSO DE PODER
Por lo anterior, enlista algunas recomendaciones:
- México debe dar garantías a quienes investigan la corrupción de que no recibirán represalias o que serán amedrentados. Las fiscalías no solo deben ser independientes, sino contar con apropiados mecanismos para la protección de quienes cumplen tareas de procuración de justicia.
- La agenda anticorrupción converge cada vez más con la operación del crimen organizado. Especialmente en temas como el lavado de dinero, la elusión y la evasión fiscales.
- Mientras que otros países investigan y sancionan la corrupción ocurrida en México, las autoridades locales siguen sin obtener sentencias firmes por los mismos casos. N
