Un tribunal federal ratificó que no hay elementos para procesar a tres abogados y un asesor financiero que supuestamente fueron los intermediarios de Julio Scherer Ibarra para extorsionar a Juan Collado, sin embargo, reabrió para la FGR la posibilidad de volver a imputarlos.
Graciela Santés Magaña, magistrada del Cuarto Tribunal Unitario Penal en esta ciudad, confirmó la no vinculación a proceso en favor de los litigantes Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández e Isaac Pérez Rodríguez y el asesor financiero David Gómez Arnau. Los cuatro fueron imputados por los delitos de extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado, pero la magistrada estableció que los datos de prueba eran insuficientes para vincularlos a un procedimiento penal, según fuentes judiciales.
El fallo judicial agrega que no existió el supuesto ocultamiento de un acuerdo reparatorio o un criterio de oportunidad concedido por la FGR al imputado Juan Ramón Collado Mocelo, descartando así que se haya generado un efecto corruptor en el proceso penal contra los litigantes.
Por el contrario, la sentencia señala que solo existieron deficiencias en la investigación y en la solicitud de vinculación a proceso por parte de la Fiscalía, por lo que no se demerita “la fiabilidad del contenido de los datos de prueba” que la FGR presentó en la audiencia inicial y que el Ministerio Público Federal omitiera que el origen de la causa penal fue la solicitud que presentó la asesoría jurídica de Collado para tener acceso a una “forma de terminación de la investigación (criterio de oportunidad) o salida alterna (acuerdo reparatorio)”. Con algunas variantes, la titular del tribunal ratificó la decisión del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, dictada en una audiencia del pasado 19 de mayo en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
No obstante, Santés revocó el sobreseimiento de la causa penal dictado por Delgadillo. Es decir, echó abajo la cancelación de la carpeta de investigación, lo que permite a la FGR continuar con la indagatoria, allegarse de más datos de prueba, perfeccionar y, eventualmente, judicializar de nueva cuenta el caso.
Es importante señalar que las acusaciones del abogado Juan Collado están sustentadas con audios, videos y documentos que reafirman los hechos. El fallo de la magistrada puede ser impugnado a través del amparo tanto por Collado, quien tiene la calidad de víctima en este caso, como por los cuatro imputados. Cuando el juez Delgadillo Padierna resolvió este asunto en audiencia, afirmó que la FGR realizó acusaciones “ficticias“, se condujo con mala fe, actuó con perversidad y lanzó amenazas veladas contra los involucrados. “La FGR se ha conducido con mala fe y mala intención. Si en su actuar existe perversidad, se necesita a Dios como abogado”, expresó en dicha diligencia el juzgador, contra quien la FGR abrió una investigación por delitos contra la administración de la justicia, por su supuesta parcialidad en este fallo. Los hechos atribuidos a los abogados y el asesor financiero tienen su origen en una denuncia presentada en septiembre del año pasado por Juan Collado. El ex abogado de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto los acusó de haber sido emisarios del ex consejero Jurídico de Presidencia para extorsionarlo. Esta presunta extorsión habría consistido en que el Gobierno Federal le daría su libertad, con la condición de que vendiera Caja Libertad al empresario Julio Villarreal, un amigo de muchos años de Scherer. Collado especificó que en febrero de 2020 pagó un cheque de 1.5 millones de dólares a Isaac Pérez en Madrid y 10 millones de pesos en efectivo a César González en la Ciudad de México. Al tipo de cambio de aquel momento, la suma de estas cantidades son 37 millones 892 mil 799 pesos. Las expectativas de libertad de Collado se vendrían abajo cuando Scherer dejó la Consejería Jurídica, precisamente el último día de agosto de 2021. Poco después vendría la denuncia del litigante ante la FGR.
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