Este mediodía la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez del Congreso Estatal convocó a especialistas en derechos humanos, derecho constitucional y bioética para analizar el contenido de las iniciativas a favor de la despenalización del aborto y de la defensa del derecho a la vida desde la concepción, y que los legisladores que integran la comisión tengan mayores argumentos al momento de someterlas a discusión y dictaminarlas.
La iniciativa de la diputada de MORENA, Erica Palomino Bernal, fue presentada en diciembre de 2019, en la que se propone reformar el Código Penal para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación.
Por su parte, la iniciativa ciudadana impulsada por 10 mil 391 firmas de respaldo de integrantes y afines al Frente Nacional por la Familia (FNF) y avalada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) tras cumplir con los requisitos técnicos, busca modificar el artículo 11 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para “que una persona sea considerada como todo ser humano, desde su concepción hasta la muerte natural”.
Los especialistas que participaron en el foro, por invitación de los legisladores integrantes de la comisión, fueron:
- Angélica Contreras, feminista, comunicadora social, consultora en temas de comunicación con perspectiva de género, tecnología y violencia digital
- José Manuel Madrazo Cabo, médico cirujano por la UPAEP, con especialidad en Ginecobstetricia y subespecialidad en Urología Ginecológica por el Instituto Nacional de Perinatología así como Doctor en Bioética por la Universidad Anahuac, y estudios de Naprotecnología por la Universidad Creighton.
- Dhalia de la Cerda, Licenciada en Filosofía. Ha ganado múltiples concursos y certámenes literarios, artísticos, tiene publicado el libro “Perras de Reserva” con la Editorial Tierra Adentro. Es autora del ensayo “Feminismo sin cuarto propio” del libro Tsunami 2 de la editorial Sexto Piso. Es codirectora de la colectiva feminista Morras Help Morras.
- Ingrid Tapia Gutiérrez, socia fundadora de la firma que lleva su nombre, Abogada de alta especialidad en Materia Constitucional, Electoral y Civil, habiendo proveído y litigado en la constitución de partidos políticos, nulidad de elecciones de gobernador, diputaciones, senadurías, reformas en materia de seguridad social, y de Acciones y Controversial Constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La primera participación correspondió a Angélica Contreras, quien subrayó que independientemente de si se llegan a aprobar ambas iniciativas, las mujeres de Aguascalientes cuentan con el respaldo de la Norma Oficial Mexicana 046 que les permite abortar cuando son víctimas de violación, sin embargo cada estado define los criterios para la penalización de las mujeres que incurren en el delito de aborto.
“Únicamente en la Ciudad de México y en Oaxaca el aborto está despenalizado durante las primeras 12 semanas de gestación, solamente el aborto por violación es legal en todo el país, y en cada estado dependiendo de las causales, es decir que el derecho de decidir sobre nuestros cuerpos es un derecho que queremos garantizar, pero lamentablemente dependiendo en el estado en el que vives, te dirán por cuáles motivos te pueden llevar a la cárcel”.
Reiteró que la legislación actual de Aguascalientes sobre el tema es insuficiente, pues a la fecha siguen saliendo muchas mujeres a abortar a otros estados de la República.
De igual forma, criticó que la iniciativa para despenalizar el aborto sea analizada en la Comisión de la Familia, cuando se trata de un tema que busca reformar el Código Penal.
“La iniciativa debería de ser turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y en su caso a la Comisión de Igualdad, porque turnarla a la Comisión de la Familia expone la postura política de creencias y no en derechos del Congreso de la paridad”.
La activista integrante de la asociación civil Cultivando Género, concluyó mencionando que mantener el aborto dentro del Código Penal del Estado afecta, restringe y viola los derechos humanos de las niñas, adolescentes y las mujeres.
En segunda instancia participó el Dr. José Manuel Madrazo Cabo, quien presentó argumentos científicos que consideran que un embrión es considerado como un nuevo individuo, con cuerpo propio y que no como una extensión del cuerpo de las mujeres.
“Las mujeres dicen ‘es mi cuerpo, yo decido’, realmente cuando se habla de su cuerpo se puede estar hablando incluso de un tumor, es parte de nuestro mismo organismo, y cuando esto ocurre se tiene que quitar, pero un bebé no es tu cuerpo, puede tener un sistema de defensa diferente, un tipo de sangre diferente e información genética diferente que lo hacen distinto y que no forma parte del cuerpo de una mujer, eso es una falacia, es un engaño”, comentó.
Asimismo, aseveró que un embrión ya puede contar con movimientos sensoriales antes de las 12 semanas.
“Algunas personas pretenden negar que antes de las 12 semanas no hay sensaciones ni un desarrollo completo del sistema nervioso, esto ya se está demostrando, que es todo lo contrario, de hecho, nosotros al observar cómo se dan los movimientos en un bebé de menos de 12 semanas es capaz de moverse y dar de brincos en el seno materno, para que eso se dé ya se habla de un desarrollo importante del sistema nervioso, a partir de las 7.5 semanas ya se alcanzan a notar los receptores sensoriales peritaneos, que incluso podrían expresar dolor para el bebé cuando se desarrolla un aborto”.
Finalmente, negó que anualmente haya miles de mujeres que pierden la vida después de practicarse un aborto, como lo señalan organizaciones civiles.
“A nivel nacional ni siquiera llegan a las 100 mujeres muertas por aborto cada año, nosotros no queremos que alguna mujer muriera, pero tampoco podemos decir que son miles, estamos hablando de que por año son alrededor de entre 20 y 40 mujeres, y del 2012 al 2017 se han contabilizado 523, ni siquiera se ha llegado a mil”.
El tercer turno correspondió a Dahlia de la Cerda, cofundadora de la organización “Morras Help Morras”, que se encarga de acompañar jurídicamente e integralmente a las mujeres que deciden abortar en estados donde esta acción es considerada un delito en sus códigos penales.
Al respecto, también subrayó que aún y cuando se llegara a aprobar la iniciativa ‘provida’, aún se contará con la NOM 046 para que las mujeres víctimas de violación puedan abortar.
“Con y sin la protección de la vida desde la concepción, el aborto no va a dejar de existir, nosotras vamos a seguir ayudándonos a abortar, las mujeres vamos a seguir abortando”.
Asimismo, consideró como como “inconstitucional y electorera” la iniciativa ciudadana ‘provida’. Señaló que dar personalidad jurídica a un embrión no sería constitucional, por lo que la reforma propuesta no sería aplicable.
“Los embriones son seres humanos, sí, sin embargo el ser humano no es sinónimo de persona-individuo como concepto jurídico, y aquí en el Congreso tenemos que discutir los conceptos jurídicos”.
En caso de que el Congreso local diera la personalidad jurídica a un embrión, a través de la iniciativa del Frente Nacional por la Familia, se cometería una inconstitucionalidad.
“La Constitución no reconoce a los no nacidos como sujeto de derechos, como bienes a proteger, la vida desde la concepción es un bien, pero no es un sujeto de derechos como sí lo son las mujeres”.
Por último, la activista anticipó que en caso de que el Congreso apruebe dicha iniciativa, se cometería nuevamente una acción de inconstitucionalidad en materia de derechos humanos, como ocurrió con el pin parental.
“Si lo hacen, tendrán consecuencias, desde el pin parental tengo claro que a esta legislación no le importa aprobar iniciativas constitucionales, pero que en caso de que aprueben esta quiero que la gente sepa que esto no se hizo de forma inocente, que se les dijo y podrían pasar como una legislatura que aprobó dos iniciativas que fueron declaradas inconstitucionales y aún así les valió madre (sic.)”.
Tras concluir su participación, la diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Aída Karina Banda Iglesias, le pidió que guardara respeto a la investidura de los legisladores, petición a la que se sumó la diputada panista Paloma Amézquita Carreón.
Por último, la abogada Ingrid Tapia Gutiérrez esgrimió un análisis detallado en materia constitucional sobre ambas iniciativas. Comentó que al día de hoy suman 22 entidades federativas que incluyeron en sus legislaciones el derecho a la vida desde el momento de la concepción, para que quedara de forma explícita ante cualquier propósito de despenalizar el aborto.
“Cuando un poder legislativo hace eso, hacer explícita la protección de la vida desde la concepción y la muerte natural, se crea un doble efecto en el sistema jurídico: permitir a los operadores jurídicos, cuando colisionan derechos, y decidir cuál debe prevalecer sobre otro y por el otro, se crea un candado, ya que para modificar la Constitución se debe aprobar con la mayoría calificada de los diputados y al menos la mitad más uno de los ayuntamientos”.
Agregó que no se puede considerar una conducta como un derecho y como un delito al mismo tiempo, además de que ningún tratado internacional al que México esté suscrito, considera al aborto como un derecho.
“Lo que se discute no es si el aborto es un derecho o un delito, está clarísimo que es un delito, lo que se discute eventualmente es la posibilidad de ampliar las excusas absolutorias, que al existir una conducta delictiva la legislación y el sistema jurídico decide no penalizar al infractor, entonces cuando se dice que el aborto es un derecho, se está faltando a la corrección técnica porque esto no es cierto, además de que en los tratados, convenios ni resoluciones de alguna corte internacional que indique que el aborto es un derecho”, subrayó.
De estar incluido como un derecho en los tratados internacionales, los congresos estatales no estarían facultados para discutir la iniciativa sobre la despenalización del aborto, ya que según el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al estar suscrito a los tratados, el país debe cumplir las disposiciones.
Finalmente, descartó que la figura jurídica del aborto en los códigos penales de los estados esté enfocada en criminalizar a las mujeres, pues en 16 estados del país el aborto no incluye sanciones de prisión, además de que al promulgarse la Ley de Amnistía había 328 personas en prisión por el delito de aborto en México, de las cuáles sólo dos eran mujeres.
“Generalmente son hombres que compurgan esta pena porque se les hizo la gracia de lesionar a mujeres embarazadas y las lesiones que les provocaron terminaron con la muerte del producto que surgió de la concepción y se les provocó el aborto, por eso esta idea de que el aborto es un tipo penal criminalizador o dirigido a discriminar a las mujeres es incorrecto”, concluyó.
Cabe destacar que la duración del foro fue reducida al no existir preguntas por parte de los legisladores a los especialistas.
Derivado de las opiniones de los especialistas, los integrantes de la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez determinarán si se avalan las iniciativas y si son dictaminadas para ser turnadas al pleno para su votación.