El Ayuntamiento de Tijuana presentó este miércoles cuatro demandas de nulidad en contra del Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Baja California, David Ignacio Gutiérrez Inzunza, y de tres funcionarios más de Coepris, ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJABC).
Las cuatro demandas son para impugnar los actos de visita y clausura de tres almacenes del Sistema DIF municipal y consultorios de la Dirección Municipal de Salud, según copias a las que Newsweek Baja California tuvo acceso.
En ambos casos, Gutiérrez Inzunza no fundó su competencia para firmar las órdenes de visita emitida por el Instituto de Servicios de Salud Pública, según las demandas.
El secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, es quien está a cargo de esa dependencia y era él quien debía dar la orden para llevar a cabo las diligencias.
A pesar de que Coepris es una sección de ISESALUD, en la orden no se invocó la disposición legal, acuerdo o decreto que otorga las facultades o atribuciones legales para que David Inzunza firmara la orden en lugar de Pérez Rico.
La incompetencia de la autoridad para ejecutar la orden de visita es una “franca violación a lo establecido por la Ley de Salud Pública del estado”, de acuerdo a las demandas.
Otro argumento para invalidar la suspensión de la Dirección Municipal de Salud es que la Coepris se basó en ordenamientos legales para establecimientos que atienden a la población en general, mientras que esa unidad solo presta servicios a empleados del Ayuntamiento de Tijuana y a sus familiares.
La primera impugnación la presentó el Consejero Jurídico del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Salvador Gómez Ávila, en contra del Comisionado Gutiérrez Inzunza y el verificador Gilberto Vladimir Jasso López, por la suspensión de l unidad médica el 22 de septiembre.
Las otras tres demandas de nulidad las presentó la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal, María Magdalena Bautista Ramírez, para impugnar la orden de visita y verificación sanitaria que llevaron al embargo de los almacenes del DIF ubicado en las colonias Buena Vista, Los Álamos y en la Colonia Río Tijuana, Tercera Etapa.
Las autoridades demandadas por estos actos son David Gutiérrez, Marco Antonio Meléndez Vázquez, Carlos Zárate Chávez y Cecilia Guadalupe Carrola López, quienes fungen como Comisionado Estatal, Director de Control Sanitario en Baja California y verificadores sanitarios adscritos a la Dirección de Control Sanitario de ISESALUD, respectivamente.
Ante las irregularidades expuestas, el gobierno de Arturo González Cruz solicitó a los magistrados del Tribunal ordenar el levantamiento de los sellos de suspensión total temporal colocados por Coepris en las instalaciones de Servicios Médicos Municipales y en los tres almacenes del Sistema DIF embargados.
