La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el registro de localización por GPS de las unidades de policías estatales que fueron señalados, en una denuncia anónima y un amparo federal, por la desaparición de una pareja que luego fue hallada sin vida.
“Hay una investigación relacionada con el GPS de las unidades. Hay datos que nos van a dar certeza si efectivamente si estuvieron en el mismo lugar que las víctimas, en diferentes puntos de la ciudad”, dijo en conferencia el Fiscal Central, Hiram Sánchez.
La noche del 10 de julio, Diego Montijo Espinoza desapareció tras un operativo de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), en el que los policías encontraron armas y drogas.
La madre de Diego solicitó un amparo ante un juez federal el 11 de julio, para pedir que cesara la detención ilegal de su hijo, pues reclamó que no existía una orden de aprehensión en su contra.
Luego el 14 de julio la FGE recibió una denuncia anónima.
En ambos registros fue señalada la participación de policías estatales y el 15 del mismo mes, autoridades encontraron los cadáveres de Diego y Estefania Zazueta Quintero, dentro de un automóvil abandonado en un parque industrial.
Según información obtenida por Newsweek Baja California, vecinos dijeron que participaron por lo menos seis patrullas en el operativo del 10 de julio, aunque hoy el Fiscal Central dijo que fueron cuatro elementos.
Los policías estatales señalados en la denuncia anónima continúan en servicio, pues según el fiscal central, no hay pruebas que confirmen su participación en el doble homicidio.
“Le damos seriedad a la denuncia anónima, como a cualquier otra, pero hasta este momento no hay ningún elemento”, dijo Hiram Sánchez.
El Fiscal Central no informó si el amparo interpuesto por la mamá de Diego Montijo, se integró a la carpeta de investigación.
Mencionó que la mamá de Estefanía Zazueta Quintero declaró que tuvo comunicación con su hija el lunes 13 de julio y que esto contradice la versión de la denuncia anónima.
También dijo que la línea de investigación se mantiene abierta a cualquier persona que pudiera haber privado de la libertad a la pareja y cometido el doble homicidio.
