Tras la rescisión del contrato con Aguas de Rosarito para la construcción y operación de la planta desalinizadora, el gobierno aún desconoce cuánto deberá pagar por la cancelación, pero ya contempla crear otra de menor dimensión.
El Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California, Salomón Faz Apodaca, dijo que en unos dos años tendrían la definición de una planta desaladora más pequeña que el proyecto cancelado, para dar servicio por unos 15 años con holgura.
En el contrato, el gobierno de Baja California tenía que asegurar el pago mensual de 173 millones de pesos durante 37 años de consumo de agua, pero ahora deberá subsanar los gastos por la recesión anticipada del contrato de Asociación Público Privada (APP).
El Secretario Salomón Faz, dijo no tener un cálculo de cuánto costará la rescisión del contrato, que en este momento se está decidiendo de acuerdo a las inversiones de ambas partes y que se enmarca en el punto trigésimo del contrato.
El proyecto de Aguas de Rosarito contemplaba producir 4.4 metros cúbicos de agua por segundo en la etapa más final, y en la primera etapa contemplaba producir 2.2 metros.
El contrato firmado por el entonces gobernador Francisco Vega, fue anunciado como la planta desalinizadora más grande de latinoamérica.
“Necesitamos una planta desaladora modular, que vaya creciendo y dando certidumbre de agua a la zona, pero de una manera más razonable y sin un costo para las finanzas del estado”, dijo Salomón Faz.
El secretario dijo desconocer si en el nuevo proyecto para la construcción de una desalinizadora sería por medio de otra APP.
Una opción sería aquella que ofrezca la entrega de agua desalinizada sin que el gobierno de Baja California deba invertir, solo garantizar la compra de agua a largo plazo.
Dijo que buscarán un esquema donde el gobierno del estado no tenga que invertir, como contemplaba el contrato recientemente cancelado.
Aseguró que Tijuana cuenta con abasto de agua suficiente para todos sus usos en los próximos 5 años. La razón de la suspensión del agua en ciertas zonas son por daños o mantenimiento en la infraestructura.
Otra alternativa que contempla el estado consiste en activar 21 pozos que tienen permiso vigente para ser operados, y que se encuentran abandonados.
“Estos pozos generarían 400 litros por segundo, que representan 5 años de agua para Tijuana, con un costo de inversión de 40 millones de pesos” agregó Faz.
En junio 29, la empresa Consolidated Waters, propietaria de Aguas de Rosarito anunció la terminación del contrato, sin que hasta ahora el estado emitiera una posición.
El gobierno de Baja California dio por terminado el contrato con Aguas de Rosarito por inviabilidad financiera del proyecto, el costo del financiamiento y operación, así como el tipo de cambio peso-dólar, de acuerdo a la trasnacional.
Rubén Sánchez, director de la desarrolladora Aguas de Rosarito, confirmó las plácticas para llegar a un acuerdo, pero dijo que no podía emitir más comentarios antes de responder al gobierno del estado sobre el aviso de cancelación del contrato.
