Presidentes municipales acompañaron a Armando Rodríguez, esposo de la alcaldesa de San José de Gracia, María Cristina López González, a la sede de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes (CDHEA) a presentar una denuncia en contra de elementos de la Policía Ministerial, por realizar un cateo en su domicilio la noche del pasado domingo, sin argumentos aparentes.

A las instalaciones de la comisión acudieron los presidentes municipales de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, de Jesús María Antonio Arámbula López, Cuauhtémoc Escobedo Tejada de Pabellón de Arteaga, Juan Luis Jasso Hernández de Asientos, Omar Israel Camarillo de Tepezalá, Eusebio Enrique Delgado de Cosío y Juan José Lozoya Ponce de San Francisco de los Romo, quiénes respaldaron la decisión de la presidenta municipal y de su esposo.

Al respecto, la alcaldesa del municipio capital, Teresa Jiménez Esquivel, lamentó la angustia que padeció la familia de su correligionaria de San José de Gracia, solicitando que se sancione a los responsables y que la aplicación de la justicia se haga libre de tintes políticos.

No obstante, comentó que no es el primer caso en el que consideran que la Fiscalía General del Estado ha vulnerado los derechos de servidores públicos, por lo que pidió dejar de lado lo que pareciera ser una persecución con tintes políticos.

Asimismo, cuestionó que en su mayoría se trate de mujeres: regidoras, diputadas y ahora una alcaldesa, por lo que podría considerarse como violencia política de género.

De igual modo, refirió que será el Congreso del Estado donde se defina si el fiscal general debe continuar en su cargo o no.

Por su parte, el alcalde de Tepezalá, Omar Israel Camarillo, pidió que se salvaguarden los derechos humanos de los alcaldes, ya que incluso han llegado a temer por su integridad.

Cabe destacar que después de la presentación de la denuncia se signó el compromiso para conformar formalmente y ante notario público, la Asociación de Alcaldes de Aguascalientes, desde donde se buscará garantizar los derechos de los gobernantes municipales y de sus funcionarios públicos.

Cateo en casa de alcaldesa de San José de Gracia fue por narcóticos

En entrevista para un noticiero radiofónico, el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, señaló que el cateo realizado la noche del domingo en el domicilio de la presidenta municipal de San José de Gracia, María Cristina López González, se derivó de una orden de cateo autorizada por un juez, a partir de varias denuncias que se habían recibido en la fiscalía por presunta venta de drogas y posesión de armas de fuego.

Sin embargo, tras realizarse las diligencias no se lograron ubicar indicios que confirmaran la intervención en alguna actividad ilícita.

“Nos habían reportado que en lugar se podían encontrar armas y narcóticos, nosotros íbamos por la cuestión de los narcóticos porque el tema de las armas no es de nuestras competencias, es una situación federal, nosotros llegamos, tocamos, nos atendieron y llevamos a cabo el cateo. Son varias carpetas de investigación que tenemos, y en una de esas investigaciones se solicitó la autorización judicial, no es una decisión de la fiscalía el hecho de ir y penetrar a un domicilio y estamos actuando dentro del marco constitucional y me da mucha lástima saber que hay personas que viven de la Constitución y no sepamos su contenido”.

El fiscal mencionó que el cateo se llevó a cabo de forma pacífica, y en todo momento se informó a la alcaldesa el motivo de la acción, sin que hubiera resistencia ni oposición.

“El cateo se llevó de manera pacífica, nunca hubo oposición de los ocupantes, se llevó a cabo la revisión, no se llevó a cabo ningún destrozo ni ninguna situación irregular, se levantó el cateo y no se encontró nada”, subrayó.

En este sentido, resaltó que a pesar del cargo que ostenta actualmente, las leyes son aplicables para todos los ciudadanos y especialmente las órdenes judiciales, por lo que exhortó a respetar la normatividad.

“La ley es general y se aplica para todos aquellos que tengan que ver con una investigación, no estamos llevando a cabo algún acto arbitrario, estamos actuando dentro del marco jurídico y constitucional”.