La sociedad civil es la que brinda el poder a sus gobernantes y, por lo tanto, estos deben rendirles cuentas. Es el derecho de los primeros y la obligación de los segundos… en teoría. Porque la mayoría de las veces pareciera que esta sentencia se olvidara y la ciudadanía termina sintiéndose víctima de gobernantes poco sensibles a sus necesidades.

La participación ciudadana, como lo describe José Juan Sánchez en la revista Redalyc, “es un elemento clave en la agenda internacional de la administración pública, cuenta con el apoyo de organismos internacionales, y es esencial dentro del gobierno abierto para ensanchar la transparencia y la rendición de cuentas”.

Pero ¿qué es el empoderamiento ciudadano? Es la facultad que adquieren los ciudadanos al tomar conciencia sobre el impacto que tiene su participación en el desarrollo de su sociedad y de su calidad de vida.

Es un derecho al que no se debería renunciar y que, por el contrario, es prioridad ejercerlo para ser verdadero copartícipe y corresponsable de la comunidad y para garantizar la existencia de un gobierno abierto, aquel que abre un diálogo constante con los ciudadanos para escuchar sus necesidades, tomar decisiones con base en ellas, promover la participación conjunta para la solución de problemas y comunicar todo lo que decide de forma abierta y transparente.

LOS SIETE PILARES

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) resume los siete pilares de los estándares de los gobiernos abiertos (Open Government Standards):

Apertura. Promover consultas públicas ampliamente, incluso por internet, listas de correo, anuncios públicos y medios de comunicación, animando a todos a participar y, en particular, a los grupos de interés comprometidos.

Plazos claros y razonables. Que los procesos participativos estén estructurados de manera de asegurar el tiempo suficiente para permitir que las partes interesadas puedan aprender acerca de la consulta, revisar los materiales, preparar y garantizar la calidad de los aportes considerados.

Información completa, clara y comprensible. Que los materiales de apoyo disponibles para los servidores públicos involucrados en los procesos de toma de decisiones se pongan a disposición de los ciudadanos; que los principales datos y su análisis deban ser presentados en una forma que sea accesible y comprensible para el público.

Colaboración activa. Que los organismos públicos sean proactivos en sus interacciones con el público, estableciendo múltiples canales para obtener información, como audiencias públicas, grupos focales, garantizando así que todos los interesados tengan la oportunidad de participar, y que el debate en torno a un problema pueda evolucionar y madurar con el tiempo.

Procedimientos de trabajo claros. Que las reglas sobre la forma de participar en las consultas sean claras, junto con la definición de plazos y cómo deben ser suministrados los comentarios que deberán enviarse a la autoridad pública, así como los lugares y fechas de las audiencias públicas y la manera de obtener invitaciones para asistir y participar.

Empoderamiento. Que los procesos participativos tengan por objeto colocar la decisión final en manos del público. Todos los comentarios recibidos deben ser cuidadosamente revisados y las perspectivas presentadas deben incorporarse en la documentación sobre la decisión final. Una justificación detallada debe ser entregada sobre el porqué y el cómo se han tenido en cuenta las opiniones del público.

Transparencia y rendición de cuentas. Informes sobre las respuestas recibidas, y sobre quienes participaron con comunicaciones escritas o en audiencias públicas, junto con las principales observaciones presentadas, y el razonamiento por escrito explicando cómo los comentarios recibidos se tuvieron en cuenta debiendo estar todo ello disponible en un lugar de fácil acceso para que cualquier miembro del público pueda encontrarlo y consultarlo.

El empoderamiento ciudadano se mide por la facilidad de acceso a la información, la inclusión en las políticas, el control social de la gestión pública y el desarrollo de capacidades organizativas locales, sobre todo en los grupos minoritarios.

Su finalidad es cerrar el círculo del poder como lo decía Montesquieu, quien situaba al ciudadano en el principio y el final del proceso político.