De cara a la pobreza y a las carencias en las que aún viven miles de guanajuatenses, es imperante que la justicia social ocupe un lugar central en las políticas implementadas por este gobierno y los que habrán de venir. Sin duda, todavía falta mucho por hacer.
Cuando la Organización de las Naciones Unidas proclamó en 2007 al 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social reconoció que esta, junto al desarrollo social, es «indispensable para el logro y mantenimiento de la paz y seguridad» y que, al mismo tiempo, se requiere de «paz, seguridad y respeto para todos los derechos humanos y libertades fundamentales» para que el desarrollo y la justicia social sean atendidas.
De este modo, el organismo admitió «la necesidad de seguir consolidando la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos».
Sin duda, el Estado mexicano aún se encuentra muy lejos de garantizar el bienestar y la justicia social a toda su población: más de 53 millones de mexicanos viven en pobreza, 1.9 millones no tienen empleo, 30.6 millones laboran en la informalidad y 32.9 millones que ganan un poco más de lo cuesta la canasta alimentaria y algunos bienes y servicios indispensables para el hogar y la subsistencia, se encuentran sin acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda.
En ese contexto, Guanajuato no es una excepción, de hecho, los retos en materia de justicia social en nuestra entidad son de gran escala.
Viviendo entre carencias
Aunque las cifras oficiales evidencian que entre 2014 y 2016 en Guanajuato se registró una disminución del 7% en el número de pobres, lo cual significó únicamente 194 mil personas menos.
Si la disminución del número de personas en situación en pobreza se mantuviera en ese 7% cada dos años, podría tomar cerca de 25 años que el número de guanajuatenses en pobreza sea inferior a un millón de personas.
Si bien el número de pobres disminuyó en nuestro estado, las personas que no tienen acceso a servicios básicos como la educación, la salud y la vivienda, (vulnerable por carencias sociales) incrementó un 10% en 2016.
En ese mismo periodo, la población guanajuatense cuyos ingresos son insuficientes para adquirir alimentos, transporte, educación, salud, esparcimiento, bienes u otros servicios de consumo habitual, únicamente se redujo 3%, cifra que no contribuye en gran medida a la disminución de las personas vulnerables y en situación de pobreza.
Asimismo, la disminución del número de personas con rezago educativo fue de únicamente 2%, sin embargo, para 2016 un total de 1.2 millones de personas aún se encontraban en esta situación, lo que representa el 20% de la población estatal.
Finalmente, en 2016 un total de 4.3 millones de personas de nuestro estado vivían con al menos una carencia social, es decir: tenían rezago educativo, no tenían acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, tenían mala calidad y poco espacio las viviendas, no contaban con acceso a los servicios básicos en su vivienda o no tenían acceso a la alimentación.
Esos 4.3 millones de guanajuatenses que forman parte de la cifra de privación social representaron en 2016, es decir, el 72.3% de la población estatal.
Vivienda digna: un derecho que no es para todos
La última medición de la pobreza evidenció que en Guanajuato, el 7.7% de la población vive con alguna carencia relacionada con la calidad y los espacios de su vivienda, lo que representa a poco más de medio millón de guanajuatenses.
De acuerdo con ello, poco más de 89 mil personas habitan en viviendas con pisos de tierra, casi 20 mil en viviendas con techos de material endeble y casi 40 mil en viviendas con muros de material endeble, además, hay 349 mil personas que viven en hacinamiento.
Adicionalmente, en 2016, en la entidad había 859 mil 670 personas que vivían con alguna carencia por acceso a los servicios básicos en su vivienda: 300 mil 111 sin acceso al agua, 366 mil 665 sin drenaje, casi 8 mil sin electricidad, y 316 mil 238 sin chimenea cuando usan leña o carbón para cocinar.
Únicamente en 15 de los 46 municipios que conforman la entidad, las carencias por acceso a los servicios básicos en la vivienda están por debajo del promedio estatal, que es de 13.5%. El indicador más bajo de nuestro estado corresponde al municipio de León donde el 5.5% de su población habita en viviendas con estas carencias; en contraste, en Atarjea, Tierra Blanca y Victoria, este indicador es de 70.6, 61.2 y 44.3%, respectivamente.
Por su parte, los datos de la Encuesta Intercensal aportan información sobre la disponibilidad de sanitario en las viviendas de los guanajuatenses. De acuerdo con ello, el 4% de las viviendas particulares habitadas (un total de 59 mil 199) no dispone de servicio sanitario y entre las que sí disponen, 2.4% (34 mil 561) usan letrina o pozo.
En 31 de los 45 municipios de la entidad este indicador supera el promedio estatal, entre ellos, destacan los casos donde nuevamente aparecen los municipios de Tierra Blanca, San Diego de la Unión y Atarjea, en donde el 25.4%, el 23% y el 21.8% de las viviendas particulares habitadas no disponen de sanitario. En contraste, en Urianguato, León y Celaya tienen a menos del 1% de sus viviendas en esta condición.
Educación, en retroceso
De acuerdo con el Coneval, para 2016, el 8% de la población que estaba en edad de cursar la educación básica (quienes tiene entre 3 y 15 años) tenían rezago educativo, es decir, a 118,753 niñas, niños y adolescentes guanajuatenses no asistían a la escuela o no habían terminado la educación secundaria.
Sin embargo, la metodología del Inegi revela una cifra aún más alta: de acuerdo con la encuesta intercensal de 2015, había en Guanajuato 170 mil 123 niñas, niños y adolescentes de entre tres y 14 años que no asistían a la escuela, lo cual representa el 12.4% de la población estatal en ese rango de edad.
De acuerdo con Inegi, el ausentismo escolar tiene un fuerte incremento entre los jóvenes que en 2015 tenían entre 15 y 17 años, ya que el 34.3% de la población estatal que ese año se encontraban en edad de asistir a la educación media superior o su equivalente, no lo hacía, es decir, un total de 116 mil 673 adolescentes.
En algunos municipios las cifras de ausentismo escolar alcanzan niveles alarmantes. Destaca Purísima del Rincón, donde el porcentaje de población que debería de asistir a la educación básica y no lo hace asciende a 17.9% de la población municipal en ese rango de edad.
El contraste es abismal si se compara con Atarjea (municipio que registró la cifra más baja del estado), donde esa proporción fue del 6%, es decir, una desventaja de 11 puntos porcentuales.
Asimismo, en Purísima del Rincón cuenta con el peor nivel de ausentismo escolar para quienes deberían de asistir al nivel medio superior ya que, en 2015 representó el 50.1% de los jóvenes de entre 15 y 17 años. Le siguen los municipios de Ocampo, con 47.8%; Romita con 46.1%; Manuel Doblado con 45.1%; San Francisco del Rincón con 45.1% de sus jóvenes y, 31 municipios más de nuestro estado donde este indicador es superior al 30 por ciento.
En un indicador más reciente, la Secretaría de Educación Pública dio a conocer que para el curso 2017-2018, se atendía prácticamente a la totalidad de quienes están en edad de asistir a la primaria (el 99.1%); en la secundaria se atendió al 89%, mientras que, en la educación preparatoria, esa proporción fue de únicamente el 60 por ciento. [1]
Este incremento en la deserción en el nivel medio superior explica que Guanajuato sea una de las entidades que tiene el grado promedio de escolaridad más bajo del país, 8.38 años, el equivalente a tener la secundaria trunca, lo cual nos coloca en lugar número 27 de las 32 entidades federativas.
El un desagregado municipal, en Xichú el grado promedio de escolaridad es de apenas 5.89 años (equivale a la primaria inconclusa), seguido de Jerécuaro con 6.24 años; de San Diego de la Unión con 6.31 años; Atrajea con 6.4; Ocampo con 6.42, y 37 municipios más donde este indicador no es inferior a tener la secundaria terminada.
Únicamente en cuatro municipios el grado promedio de escolaridad es superior al equivalente a concluir la secundaria (9 años), sin embargo, equivale al un primer año del nivel medio superior inconcluso: Guanajuato con 9.62; Celaya con 9.42; León con 8.22 e, Irapuato con 9.1 años.
La fractura del empleo
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo «la búsqueda de justicia social ofrece a cada hombre y a cada mujer en el trabajo la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades su justa participación en las riquezas que han contribuido a crear».
No obstante, en nuestro país, el mundo del trabajo está fracturado: millones de personas se encuentran desempleadas o en la informalidad, y quienes sí cuentan con un empleo deben enfrentar condiciones de precariedad, como la falta de acceso a un salario digno o a prestaciones económicas y sociales, como es el caso de la seguridad social.
En Guanajuato, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) revelan que para el tercer trimestre de 2018 (julio-septiembre) había 95 mil 521 guanajuatenses desocupados, lo que representa al 3.6% de la Población Económicamente Activa de la entidad.
En total, Guanajuato concentra una fuerza laboral activa de 2.5 millones de personas, de las cuales, 1.4 millones (el 55%) laboran en condiciones de informalidad. Apenas un punto porcentual más abajo que en el mismo periodo de 2017 y 2016, y dos más menos que en 2015.
Además, 60% del total de trabajadores subordinados y remunerados —los cuales constituyen el 73% del total de personas ocupadas en la entidad— no cuentan con acceso a instituciones de salud, el 33% carece de prestaciones laborales y el 49% no dispone de contrato por escrito.
Adicionalmente, del total de la población ocupada en Guanajuato, 8 mil 106 personas no reciben remuneración alguna por su trabajo (4%), a las que se suman las 649 mil 489 personas que perciben dos o menos salarios mínimos (45%), situación que las coloca por debajo de los umbrales de la pobreza y que contrasta con el 4% que gana más de cinco salarios mínimos.
[1] Estas cifras corresponden al la Tasa Neta de Matriculación: este indicador muestra el porcentaje de la población atendida en un nivel educativo determinado (matrícula total), respecto de la población en edad oficial de cursar ese nivel.
