El número de víctimas mortales por el estallido el viernes de un ducto de combustible en el que había una toma clandestina aumentó a 89, informó este lunes el secretario de Salud, Jorge Alcocer.
Un censo hospitalario indica que 51 personas continúan internadas tanto en Hidalgo, estado en el que se registró la explosión, como en entidades vecinas, mientras que los casos graves han sido trasladados a Ciudad de México pues exigen cuidados más complejos, explicó.
Dos abandonaron el hospital por mejoría, mientras que tres menores serán trasladados a un hospital de Estados Unidos.
“Hay pacientes graves con quemaduras de mas de 80% (del cuerpo) y que desde luego tienen compromiso en sus tejidos internos, en sus órganos que les prevén un pronóstico reservado”, dijo Alcocer.
En Tlahuelilpan, localidad donde ocurrió el gigantesco incendio, solo se ven soldados del ejército mexicano resguardando el perímetro del desastre. Afirman que las labores de búsqueda terminaron desde la noche del sábado.
Varios familiares habían exigido que siguieran buscando cuerpos en el sitio de la explosión y pidieron el regreso de los expertos forenses, quienes hallaron otros cinco cadáveres.
En el lugar, que al amanecer del sábado aún exhibía algunos cuerpos calcinados ya no hay familiares ni curiosos, solo se ve maleza quemada.
El fiscal general de México, Alejandro Gertz, dijo que continúan evaluando hipótesis sobre las causas de la explosión del ducto que había sido picado por delincuentes provocando la salida de un potente chorro de combustible, semejante a un géiser, según imágenes de medios locales.
La fuga atrajo a unos 700 pobladores que con baldes y bidones recolectaban la gasolina cuando los sorprendió la explosión.
Personas gritando y corriendo mientras ardían en llamas, o exhibiendo severas quemaduras en el cuerpo, también fueron divulgadas por los medios.
Consultado sobre si los heridos serán considerados sospechosos en la investigación por haber estado saqueando una instalación estatal, Gertz dijo que no van a “victimizar a las comunidades”.
“Vamos a buscar a los responsables de actos que hayan generado esta gran tragedia, victimizar a toda la población bajo una hipótesis genérica no es la función ni está establecido dentro de la ley”, afirmó.
El desastre ocurre cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ejecuta una estrategia para combatir el robo y tráfico de combustible, conocido popularmente como “huachicoleo”, delito que genera al Estado pérdidas anuales por unos 3,000 millones de dólares, según datos oficiales.
