El presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, César Morales Niño consideró indispensable que la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado explique y transparente el incremento de la deuda pública.
En entrevista sostuvo que el titular de la Sefin, Jorge Gallardo Casas es uno de los servidores públicos que deben comparecer ante el Poder Legislativo.
“Es fundamental que venga a comparecer ante el pleno para que nos explique la renegociación de la deuda de Ciudad Judicial, en la que ya se tenía un avance de pago del 70 por ciento y el refinanciamiento prolongó por 30 años más el crédito, así como intereses por mil millones de pesos”, dijo.
A lo que sumó también el refinanciamiento efectuado en días recientes de la deuda pública que se incrementó de casi 12 mil millones de pesos a más de 35 mil millones de pesos.
El gobierno de Oaxaca, a través de la licitación pública número LA-920004980-E3-2018, renegoció la deuda y concedió a Banobras y Banco Santander un monto de 11 mil 855 millones 440 mil 823.93 pesos de empréstitos adquiridos por el gobierno del estado hasta octubre de 2018.
Con lo anterior, los compromisos crediticios del estado se incrementarán a 37 mil 594 millones de pesos (un aumento del 200 por ciento) para ser liquidados en un periodo de entre 25 y 20 años (cuatro sexenios más).
Te puede interesar: Finanzas eleva la deuda pública a 37 mil mdp
Respecto a la propuesta presentada ante el pleno para agendar las comparecencias de las y los servidores públicos para el mes de enero como parte de la glosa del segundo Informe de Gobierno, el presidente de la Mesa Directiva aseguró que esto no significa que el Poder Legislativo omita la rendición de cuentas.
“La verdadera rendición de cuentas se debe dar en el marco de la entrega de la cuenta pública, porque en esta se detallan los gastos y se hace un análisis de las auditorías. El informe de gobierno es un invento de alguien que quiso lucirse”, apuntó.
Sostuvo que las comparecencias no dan cuenta del cierre del ejercicio fiscal, por lo que incluso propuso que los funcionarios sean llamados en el mes de abril para ser cuestionados sobre el uso de los recursos.
