En Baja California, la justicia llama a cuentas al senador morenista Armando Ayala Robles, acusado de una de las mayores omisiones financieras del ámbito municipal en el estado: el impago de más de 3,600 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) durante su gestión como alcalde de Ensenada.
La solicitud de juicio político fue presentada ante el Congreso local por los diputados panistas Diego Echeverría, Mayola Gaona y Alejandrina Corral, quienes también interpusieron una denuncia penal por presunto peculado ante la Fiscalía General del Estado. Acusan a Ayala de descontar las cuotas a trabajadores sindicalizados sin entregarlas al Instituto, así como de incumplir con las aportaciones patronales obligatorias.
Deuda laboral: un boquete financiero y político
El caso de Ayala no es aislado. Darío Benítez, exalcalde de Tecate, también enfrenta cargos similares por una deuda de 1,500 millones de pesos. Ambos casos representan un doble agravio: al erario y a los trabajadores que durante años contribuyeron puntualmente a su fondo de salud y pensión.
Si el juicio político procede, podría inhabilitar a los exalcaldes por un periodo de seis meses a diez años para ejercer cargos públicos en Baja California. Pero más allá de la sanción legal, el proceso lanza un mensaje incómodo al partido en el poder: la lealtad política no blinda la rendición de cuentas.
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Ayala, ahora senador por Morena, enfrenta así un doble escenario: el escrutinio judicial y el juicio de la opinión pública. Mientras tanto, los trabajadores del municipio siguen esperando que sus derechos sean restablecidos y que el dinero que les pertenece sea devuelto al sistema de seguridad social. N
