El acuerdo marco entre Argentina y Estados Unidos, anunciado en noviembre de 2025, es un pacto preliminar para reducir aranceles y barreras comerciales, buscando aumentar la inversión estadounidense en Argentina y facilitar el acceso de productos clave como farmacéuticos, maquinaria, vehículos y agrícolas, a cambio de que Argentina armonice estándares regulatorios, abra su mercado agrícola y adopte compromisos en propiedad intelectual y medio ambiente, alineando sus políticas con las de EE.UU. y el contexto geopolítico de nearshoring. Sin embargo, socios de Baker McKenzie advierten que el verdadero alcance dependerá del texto definitivo: por ahora, plazos, cuotas y mecanismos de implementación siguen sujetos a negociación.
En entrevista, Guillermo Cervio (Managing Partner de la Oficina de Baker McKenzie en Buenos Aires) señaló que se menciona la posibilidad de ampliar el acceso para productos argentinos como carne vacuna (con referencia a una cuota de 80.000 toneladas), además de recursos naturales y minerales críticos y farmacéuticos no patentados. En paralelo, Argentina asumiría compromisos para remover trabas como licencias de importación, formalidades consulares y el impuesto estadístico, buscando reducir costos y demoras.
Uno de los ejes es la armonización técnica para facilitar el ingreso de tecnología y dispositivos médicos. En agronegocios, Esteban Rópolo (Líder Comercio Internacional y Aduanas, Oficina de Baker McKenzie en Buenos Aires) explicó que el acuerdo avanzaría hacia la armonización y reconocimiento mutuo de estándares sanitarios y fitosanitarios, con simplificación de procesos para productos como carne vacuna, porcinos, lácteos y menudencias, y la adopción de equivalencias internacionales para ganar previsibilidad.
Rópolo añadió que, si se concretan beneficios preferenciales y menor fricción regulatoria, el Acuerdo Marco podría reconfigurar cadenas de suministro de multinacionales en Argentina y mejorar su competitividad frente a México y Brasil como plataformas exportadoras a EE.UU., incentivando procesos de valor agregado y ofreciendo al país un rol como hub alternativo de insumos críticos para cadenas norteamericanas que buscan diversificarse.
En propiedad intelectual, se analizan compromisos para fortalecer protección y alinear criterios de patentabilidad, con posibles efectos sensibles: mayor protección de datos de prueba y agilización vía certificados FDA podrían favorecer inversiones, pero una eventual extensión de patentes podría presionar la producción de genéricos y elevar costos. Para software, se evalúa reforzar el enforcement contra piratería, con más previsibilidad, aunque con desafíos para desarrolladores locales por licencias.
En comercio digital, Cervio indicó que el acuerdo contempla reglas para facilitar transferencias transfronterizas de datos, evitar localización obligatoria de servidores, y validar firmas electrónicas bajo normativa estadounidense, lo que abre oportunidades para fintechs, e-commerce y proveedores digitales argentinos. También recomendó observar la interacción futura con el acuerdo UE–Mercosur para evitar choques regulatorios.
Sobre minerales críticos (litio, cobre, tierras raras), Rópolo dijo que el acuerdo encaja en la estrategia de EE.UU. para asegurar cadenas de suministro de la transición energética, con potencial de inversiones y cooperación para capacidades locales de procesamiento. Aun así, advirtió que evitar un rol meramente extractivo dependerá de políticas nacionales y acuerdos específicos que impulsen industrialización.
Finalmente, Cervio subrayó que, al no ser un TLC formal, el Acuerdo Marco podría ejecutarse como declaración ejecutiva/MOU, sin aprobación legislativa, lo que da rapidez pero abre debates sobre transparencia, rendición de cuentas y estabilidad. Y Rópolo señaló que, por ahora, no se observan reglas de origen estrictas ni herramientas claras para evitar asimetrías regulatorias, temas que quedarían para definiciones posteriores.
