LA MUERTE DEL ALCALDE MANZO SACUDE A MICHOACÁN. Carlos Manzo, el alcalde independiente de Uruapan conocido por enfrentarse a los cárteles, fue asesinado. La presión política y las protestas tras su muerte empujaron a Claudia Sheinbaum a presentar una estrategia que promete ser más contundente contra el crimen organizado.
Manzo, de 40 años, fue asesinado durante un acto público el sábado con motivo del Día de Muertos. Su personalidad política se distinguía por una forma directa de desafiar al narcotráfico, tanto en el discurso como en sus acciones. Se volvió un personaje mediático por su característico sombrero y por organizar operativos llamativos en helicóptero. Por su estilo confrontativo, lo apodaron “el Bukele mexicano”.
La noticia desató dos días de manifestaciones en Michoacán, donde decenas de personas incendiaron edificios públicos y exigieron seguridad y justicia. En su funeral, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, del partido Morena, fue abucheado entre gritos de renuncia. “Tenía la voz que todos estábamos esperando”, dijo una manifestante que participó en las protestas.
Ante la indignación pública, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo operativo conjunto entre fuerzas federales y fiscalías locales para combatir los asesinatos y extorsiones en Michoacán, llamado Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
“Vamos a actuar con toda la fuerza del Estado mexicano”, afirmó la mandataria al presentar las medidas.
Estas declaraciones marcan una ligera distancia del enfoque de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, conocido por su lema “abrazos, no balazos” la cual la oposición como el propio Manzo habían criticado duramente. De hecho, en mayo, el alcalde publicó en redes un video de una persecución aérea con la frase: “Estos son los abrazos que se les dan a los criminales”.
Lamentablemente los asesinatos de líderes locales no son un hecho aislado: hace apenas dos semanas fue asesinado también Bernardo Bravo, dirigente del gremio de limoneros, quien había denunciado abiertamente a los cárteles. Esta ola de violencia, censura y represión criminal refleja una crisis que rebasa la actual estrategia de seguridad.
Aunque en su primer año el gobierno de Sheinbaum ha logrado extraditar a 55 líderes criminales, aumentar los decomisos de fentanilo y reforzar las tareas de inteligencia, los asesinatos de quienes alzan la voz siguen siendo frecuentes.
El alcalde de Uruapan había recibido amenazas desde que asumió el cargo el 1 de septiembre y, según reportes, solicitó apoyo a la presidenta al menos diez veces ante la grave crisis de violencia en el municipio. Aunque recibió apoyo federal, ni Sheinbaum ni el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, visitaron Uruapan cuando el alcalde se los solicitó.
Si bien el promedio diario de homicidios reportado oficialmente cayó de 86.9 en septiembre de 2024 a 59.5 en el periodo más reciente, expertos advierten que esta reducción podría deberse a la consolidación de cárteles hegemónicos. Estos grupos imponen un violento orden en los territorios que dominan, lo que se traduce en menos asesinatos visibles. Si es así, la baja de homicidios respondería a un fenómeno aún más grave: la transferencia del control territorial del Estado a las organizaciones criminales.
En síntesis, el nuevo programa anunciado por la presidenta se basa en tres ejes:
Además, Sheinbaum adelantó que se abrirá una oficina presidencial en Michoacán, con sede inicial en Uruapan, para supervisar el avance de las acciones. El plan busca diferenciarse de los propuestos en sexenios anteriores al combinar justicia social con fuerza federal.
Sin embargo, una de las principales críticas al proyecto es su aparente improvisación, ya que no establece metas específicas ni un presupuesto definido. Carlos Manzo es el tercer alcalde asesinado en Michoacán en los últimos años, y su muerte evidencia la necesidad de un cambio drástico en la forma en que se aplican las estrategias de seguridad, incluido esta que se encuentra revuelta entre culpas al pasado y atención a las causas, la cual se recarga en ambigüedad.
En Michoacán, los grupos criminales obtienen ingresos no solo del narcotráfico, sino también de extorsiones a productores agrícolas, un delito que compete directamente a las autoridades federales, algo que Carlos mencionaba mucho a partir de la falta de una mayor cantidad de efectivos que se solicitaban recurrentemente.
La dificultad del plan federal no está en su diseño, sino en su ejecución. Hasta ahora, las variaciones de una misma política de seguridad no han atacado el núcleo violento que sostiene al crimen organizado en el estado. Falta ver si esta vez será diferente. N
