LA CORTE SUPREMA DE PERÚ SENTENCIÓ AL EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO A MÁS DE 11 AÑOS DE CÁRCEL, tras concluir que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto para evitar un inminente proceso de destitución en diciembre de 2022.
Castillo —un exprofesor rural y líder sindical sin experiencia previa en cargos electos— llegó al poder en 2021 con la promesa de representar a las clases populares. Sin embargo, durante sus 16 meses de gobierno enfrentó constantes choques con un Congreso dominado por la oposición, al que acusaba de buscar preservar el control político en manos de las élites.
Considerado por sus seguidores como el “presidente de los pobres”, su mandato terminó abruptamente cuando anunció la disolución del Congreso para evitar su destitución por presunta corrupción. El intento fracasó de inmediato: miembros de su propio gabinete rechazaron la maniobra, descrita por la Fiscalía como un “intento de golpe”.
Castillo, de 56 años, fue detenido mientras se dirigía a la embajada de México con su familia para solicitar asilo. Desde entonces, su esposa e hijos viven en el exilio.
Tras un juicio celebrado en una sala contigua a la prisión especial para expresidentes, la Corte Suprema lo declaró culpable de “conspiración para cometer rebelión contra los poderes del Estado y el orden constitucional”. Fue absuelto, sin embargo, de los cargos de abuso de poder y alteración del orden público.
La sentencia final asciende a 11 años, cinco meses y 15 días de prisión, muy por debajo de los 34 años solicitados por la Fiscalía. Decenas de simpatizantes se congregaron afuera del penal para esperar el veredicto. “Estamos sufriendo por nuestro presidente porque no robó un solo sol. Un hombre inocente está preso aquí. Exigimos justicia”, dijo a AFP Julia Buendía, de 54 años.
El fallo se produjo apenas un día después de que otro exmandatario de izquierda, Martín Vizcarra, fuera condenado a 14 años de cárcel por aceptar sobornos cuando era gobernador regional. Con él, ya son varios los expresidentes recluidos en la misma instalación: Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006), ambos por corrupción.
La ex primera ministra de Castillo, Betssy Chávez, acusada de ser su coprotagonista en el intento de golpe, también recibió una sentencia de once años y medio. No obstante, obtuvo asilo en la embajada de México antes de concluir el juicio, lo que desató un conflicto diplomático que llevó a Perú a romper relaciones con México por presunta injerencia.
El actual presidente interino, José Jeri, no ha descartado que la Policía pueda ingresar a la embajada mexicana para detenerla, lo que elevaría aún más la tensión bilateral.
La caída de Castillo provocó intensas protestas en 2022 entre su base rural y trabajadora. La represión dejó al menos 50 muertos, marcando uno de los episodios más violentos en la política peruana reciente. Su sucesora y exvicepresidenta, Dina Boluarte, asumió en medio de una crisis de seguridad y una impopularidad creciente, hasta ser destituida en octubre.
Con Jeri ahora en el poder, Perú suma siete presidentes desde 2016: tres destituidos por el Congreso, dos renunciados para evitar lo mismo y solo uno que logró terminar su mandato interino. N
(Con información de agencias)
