Cuando su marido fue detenido por la policía de migración a principios de julio cerca de Los Ángeles, Martha debió separarse abruptamente del padre de sus dos hijas. Pero también perdió el ingreso que le permitía mantener su hogar.
“Él es el pilar de la familia, era el único que trabajaba. Ya no está para ayudarnos, para apoyarnos a mí y a mis hijas “, dice esta mexicana en situación irregular que prefiere hablar bajo seudónimo.
A los 39 años Martha se sumó repentinamente al grupo de personas en situación precaria que luchan por evitar terminar en las calles del condado de Los Ángeles, una región con precios de vivienda altos, que tiene el mayor número de individuos sin hogar en Estados Unidos después de Nueva York.
Su apartamento de 65 metros cuadrados en Buena Park, un suburbio de la megalópolis californiana, cuesta 2,050 dólares al mes. Para cubrir sus necesidades más urgentes encontró un trabajo nocturno en una fábrica por el que percibe el salario mínimo. Si bien le da para mantenerse a flote, no cubre todas sus obligaciones.
“Tengo que pagar el seguro del carro, el teléfono, la renta y los gastos de ellas”, enumera, y después señala a sus hijas de seis y siete años, quienes necesitan útiles para el nuevo año escolar. “Son muchos gastos”.
—¿Cuánto tiempo puede aguantar así, con apenas tres horas de sueño tras volver de la fábrica, antes de tener que cuidar de sus hijas? —le pregunta la agencia AFP.
—No le puedo decir.
Los Ángeles, donde un tercio de la población es migrante, se ha visto desestabilizada por la intensificación, desde junio, de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para capturar indocumentados.
Escuadrones de agentes enmascarados allanaron ferreterías, lavados de coches y paradas de autobús. Como resultado, más de 2,200 personas fueron arrestadas en junio, 60 por ciento de las cuales no tenían antecedentes penales, según documentos internos del ICE analizados por AFP.
La ofensiva antiinmigración del presidente Donald Trump está afectando duramente a los trabajadores latinos, quienes ya se encontraban entre las primeras víctimas de la crisis de vivienda en la región, explica Andrea González, subdirectora del Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos CLEAN.
“Se avecina una tormenta mayor. No se trata solo de las personas detenidas, sino también de las que permanecen libres. La preocupación es que la gente termine en la calle”, resume esta estadounidense de 36 años.
Su organización ayuda a más de 300 hogares con dificultades económicas, cuyos ingresos se han desplomado, ya sea porque un miembro fue arrestado o tienen demasiado miedo de volver al trabajo. El grupo ha destinado más de 30,000 dólares para ayudar a 20 familias a pagar el alquiler, pero cubrir las necesidades de todos es simplemente “insostenible”.
Conscientes del problema, los líderes locales de los demócratas están intentando establecer alguna ayuda financiera para las familias afectadas. El condado de Los Ángeles planea crear un fondo específico, y la ciudad también lanzará el suyo propio, financiado con fondos filantrópicos, sin recurrir al dinero de los contribuyentes.
Así, algunas familias podrían beneficiarse de tarjetas con “unos pocos cientos” de dólares, aseguró la alcaldesa Karen Bass a mediados de julio. Pero para González estas iniciativas están lejos de ser suficientes. Las cantidades mencionadas a menudo ni siquiera alcanzan “10 por ciento del alquiler de una familia”, señala la activista.
La región debería establecer una “moratoria a los desalojos”, como se hizo durante la pandemia, argumenta. De lo contrario, el número de personas sin hogar en Los Ángeles, que hoy es de 72,000, corre el riesgo de volver a aumentar, tras dos años de ligero descenso.
“Lo que estamos viviendo ahora mismo es una emergencia”, advierte.
Una moratoria tranquilizaría a María Martínez. El esposo indocumentado de esta mujer estadounidense de 59 años fue arrestado en un lavado de autos a mediados de junio en Pomona, otro suburbio al este de Los Ángeles. Desde entonces, ha tenido que depender de la ayuda de sus hijos para pagar su alquiler de 1,800 dólares, que su subsidio por discapacidad de 1,000 dólares no alcanza a cubrir. “Es estresante. Apenas sobrevivimos”, lamenta. N
(Con información de agencias)
