
Mexicali, Baja California.- La reciente ola de incidentes delictivos en inmediaciones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) ha encendido las alarmas entre la comunidad estudiantil y académica, que exige medidas inmediatas para garantizar su integridad dentro y fuera de los planteles. El reclamo no es nuevo, pero sí más urgente que nunca: los universitarios demandan condiciones de seguridad que les permitan concentrarse en su formación sin temor a ser víctimas de agresiones, acoso o asaltos.
Un problema que trasciende los muros universitarios
En las últimas semanas se han registrado diversos hechos de inseguridad que han afectado a estudiantes, particularmente mujeres, en distintos campus de Mexicali. Testimonios compartidos en redes sociales y durante manifestaciones señalan intentos de levantones, robos y actos de acoso que han dejado a la comunidad universitaria en un estado de preocupación constante.
La problemática refleja una tendencia nacional: las universidades públicas, tradicionalmente consideradas espacios de resguardo y desarrollo intelectual, han comenzado a enfrentar los mismos desafíos de violencia que aquejan a las ciudades donde se ubican. La falta de vigilancia, la escasa iluminación y la ausencia de patrullajes constantes se han convertido en factores de riesgo recurrentes.
La voz de los estudiantes: estudiar sin miedo
Las protestas estudiantiles, encabezadas principalmente por mujeres, expresan una demanda clara: “Venimos a estudiar, no a poner nuestras vidas en riesgo”. Los alumnos exigen no solo mayor presencia policial, sino también un cambio institucional que reconozca y atienda el problema de raíz.
En diversos foros, los estudiantes han denunciado además la revictimización por parte de algunas autoridades universitarias o docentes, quienes, al recibir reportes de incidentes, los han minimizado como hechos aislados o simples robos. Esta actitud, señalan los manifestantes, no solo desincentiva las denuncias, sino que perpetúa una cultura de indiferencia frente a la violencia de género y la inseguridad cotidiana.
Hacia una seguridad universitaria integral
Expertos en seguridad y representantes de organizaciones ciudadanas han subrayado que las universidades deben transitar hacia modelos de seguridad integral, donde la protección del alumnado no dependa únicamente de la intervención reactiva de cuerpos policiales externos, sino de estructuras permanentes de vigilancia, prevención y atención a víctimas.
Una de las propuestas emana del consultor miembro del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado Edgardo Flores Campbell, quien expone que los casos de afectación a estudiantes y personal docente a lo largo de la historia también se han registrado en el campus Tijuana, como alternativa viable considera la creación de una Policía Universitaria, concebida como una división especializada adscrita de forma temporal a la Policía Estatal o Municipal, en tanto se consolida una instancia interna de seguridad universitaria propia dentro de la estructura orgánica de la UABC y con despliegue operacional dentro de la jurisdicción de las propias áreas e instalaciones de los diferentes planteles, similar a las existentes en instituciones como la UNAM, el IPN o la Universidad de Guadalajara UDG; sostiene que esta figura permitiría:
Puntualizó lo anterior como una serie de propuestas iniciales, e incluso proponiendo que los Comités Ciudadanos de los diferentes municipios del estado se involucren activamente a efecto de brindar un acompañamiento y fungir como interlocutores con los estudiantes para garantizar el seguimiento y cumplimiento de acuerdos. “La perspectiva e importancia de este tema no se limita a garantizar la simple seguridad física, cuando hablamos de garantizar seguridad integral en instalaciones universitarias, estamos hablando de razones de interés nacional, del desarrollo social, humano y educativo de México, y estos jóvenes solo exigen elementales condiciones para estudiar y el estado a través sus instituciones les debe garantizar esa seguridad”, nunca asumiendo el rubro como un gasto, sino como una gran inversión, sostuvo.
La corresponsabilidad institucional
El reto no recae únicamente en la universidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, el Ayuntamiento de Mexicali y la propia Fiscalía General consideran establecer una mesa de coordinación permanente con las autoridades universitarias para diseñar y ejecutar estrategias conjuntas. La participación del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali y de organizaciones civiles especializadas también es fundamental para garantizar transparencia y eficacia en la implementación de las medidas.
Por su parte la universidad puede adoptar un modelo de gestión basado en inteligencia preventiva, con monitoreo de incidentes, análisis de patrones de riesgo y evaluación periódica de resultados, lo que permitiría anticipar amenazas y no solo reaccionar ante ellas. Más allá de las cifras y los protocolos, el objetivo central es recuperar un ambiente de armonía en los campus. La universidad debe ser un espacio de aprendizaje, reflexión y crecimiento, no un entorno de miedo. Cuando los estudiantes sienten que su seguridad está garantizada, pueden enfocar plenamente sus capacidades en el conocimiento y la innovación, pilares del desarrollo social y económico del estado.
La ola de violencia que hoy sacude a la UABC debe marcar un punto de inflexión. Es momento de que las autoridades, tanto universitarias como gubernamentales, asuman la seguridad como una responsabilidad compartida y prioritaria.
La creación de una estructura de vigilancia universitaria —temporalmente bajo resguardo estatal, pero con miras a la autonomía— podría convertirse en un modelo nacional de prevención y protección académica.N