Tijuana, Baja California.- La mañana de este viernes 3 de octubre de 2025, se convirtió en una jornada de pánico y confusión para cientos de familias tijuanenses. En al menos seis escuelas primarias de distintos puntos de la ciudad, decenas de estudiantes comenzaron a presentar vómitos, náuseas, mareos y diarrea poco después de ingerir los alimentos del programa estatal de desayunos escolares “Pancita llena, corazón contento”.
Lo que inició como un aparente incidente aislado en una primaria de la colonia Ejido Lázaro Cárdenas pronto se transformó en una emergencia sanitaria que evidenció fallas graves en los controles de calidad del sistema alimentario que opera el gobierno estatal en planteles públicos.
La mañana del caos
Los primeros reportes se registraron entre las 10:00 y 11:00 horas en la Primaria 18 de Marzo, donde una treintena de menores comenzó a sufrir síntomas de intoxicación. Pocos minutos después, escuelas en otras colonias de Tijuana (entre ellas Juana de Asbaje, Margarita Maza de Juárez, José María Morelos y Pavón, John F. Kennedy y Fernando Montes de Oca) notificaron emergencias similares.
En total, al menos 245 alumnos fueron atendidos por personal médico y de rescate; 40 de ellos tuvieron que ser trasladados en ambulancias y unidades de bomberos a hospitales cercanos, mientras que otros fueron llevados directamente por sus padres a clínicas particulares.
El platillo común a todos los planteles fue tinga de pollo servida en tacos, alimento que forma parte del menú habitual del programa estatal operado por la empresa AB Alimentos Nutraséuticos Funcionales S.A. de C.V., contratada para el ciclo escolar 2025-2026.
La reacción inmediata
La Secretaría de Seguridad y Protección Civil Municipal (SSPCM) activó sus protocolos de emergencia. Protección Civil, Bomberos y paramédicos acudieron a los planteles para atender a los menores afectados y retirar los alimentos sospechosos.
La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) inició de inmediato el levantamiento de muestras del pollo, salsas, tortillas, agua y utensilios, para enviarlas a análisis de laboratorio y determinar el origen de la contaminación.
El incidente no solo generó indignación entre los padres de familia ( mismos que exigieron explicaciones y transparencia incluso solicitando difusión en medios de comunicación) sino que encendió las alarmas sobre los mecanismos de vigilancia sanitaria y la supervisión de los contratos otorgados a empresas privadas que preparan y distribuyen los alimentos.
La respuesta oficial
Desde Mexicali, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda calificó los hechos como “inaceptables” y ordenó una investigación inmediata para deslindar responsabilidades. En un comunicado, el gobierno estatal aseguró que todos los menores afectados fueron dados de alta y que se encuentran fuera de peligro.
Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar. Analistas y organizaciones ciudadanas subrayaron la falta de mecanismos sólidos de inspección previa y seguimiento sanitario. El caso ha reavivado el debate sobre la forma en que se adjudican los contratos públicos para el suministro de alimentos a instituciones educativas.
Una cadena de errores
El programa “Pancita llena, corazón contento” fue concebido como una política de bienestar para garantizar desayunos nutritivos a la población infantil vulnerable. Sin embargo, el episodio ocurrido en Tijuana exhibe debilidades estructurales en su ejecución:
Los padres afectados relataron que sus hijos comenzaron a enfermar casi simultáneamente después del recreo. En varios planteles, los docentes y directores ordenaron suspender el servicio de alimentos y pidieron a los tutores acudir por sus hijos de inmediato.
En algunos casos, se instruyó conservar los comprobantes médicos y notas de gastos, ante la promesa de que la empresa contratista cubriría los costos médicos derivados del incidente.
Impacto político y cuestionamientos
El brote de intoxicación ha puesto en aprietos al gobierno estatal, particularmente a las áreas responsables de Bienestar, Educación y Salud, así como a los órganos encargados de las licitaciones públicas.
La oposición en el Congreso local ha solicitado la creación de una comisión especial de seguimiento para revisar los contratos y determinar si hubo irregularidades o negligencia administrativa.
Asimismo, organizaciones de la sociedad civil y medios locales han exigido la publicación íntegra de los contratos, las pruebas de laboratorio y los reportes de supervisión de calidad del programa alimentario.
Lo que aún falta por saber
A más de 48 horas de la emergencia, las autoridades no han dado a conocer los resultados finales de los estudios de laboratorio ni el informe técnico consolidado. Existen varios puntos pendientes que determinarán el rumbo de esta crisis:
Una lección amarga
El episodio de intoxicación múltiple en Tijuana no solo revela la fragilidad de las políticas públicas cuando fallan los mecanismos de control, sino que expone una crisis de confianza entre la ciudadanía y las instituciones.
Mientras los menores se recuperan y las familias buscan justicia, el caso se perfila como un parteaguas en la revisión de los programas sociales y los procesos de licitación en Baja California.
La sociedad espera respuestas claras y acciones concretas (no comunicados ni promesas— para garantizar que ningún niño vuelva a enfermar por un desayuno que debía representar bienestar, no riesgo.
