A inicios de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales a fin de establecer que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deba regresar a la CONAGUA para que este organismo decida una mejor distribución y aprovechamiento del recurso.
En Aguascalientes, la Comisión de Desarrollo Agropecuario del Poder Legislativo, diputados federales y productores agrícolas y pecuarios manifestaron su preocupación y descontento ante estas reformas, pues consideran que se pone en riesgo el adecuado abastecimiento de agua y el patrimonio de los productores.
Isidoro Armendáriz, secretario de desarrollo rural y agroempresarial en el Gobierno del Estado de Aguascalientes, confirmó que se planteará un punto de acuerdo junto con los productores para que los legisladores federales del estado soliciten dar marcha atrás a las reformas que, afirman, afectarían a la actividad del campo.
“El objetivo central es preservar la actividad agropecuaria íntegramente, ligada al agua, tierra y alimentos. Por eso es muy importante la organización para la acción, el procedimiento para cumplir con el objetivo, que es dar la lucha y elevar la luz y la consciencia, hacer una gran alianza para hacer unión y fuerza” clamó.
Entre las inconformidades de este frente opositor, se encuentran los siguientes argumentos:
“La necesidad obliga a actuar con una visión estratégica, pues es un tema por excelencia ideológico y político de una hegemonía y de un grupo dominante en el poder. Esto demanda una acción prolongada; vendrá el reclamo y la resistencia civil, la acción contestataria por actos de autoridad que se vuelven en actos de autoritarismo insolente” declaró.
Desde la federación, se ha afirmado que estas propuestas buscan “poner órden” en las concesiones de agua y endurecer las sanciones a quienes incurran en malas prácticas. A nivel nacional, se han identificado 58,938 inconsistencias en títulos de agua; en Aguascalientes, pese a que se ha autorizado a políticos extraer millones de litros de agua, la CONAGUA rechaza irregularidades.
