El conflicto que mantiene cerradas las oficinas de la delegación de Bienestar en Durango desde hace más de un mes derivó este lunes en un enfrentamiento físico y verbal entre beneficiarios y extrabajadores que mantienen el plantón frente al inmueble federal.
Ciudadanos provenientes de diversos municipios del estado se congregaron desde temprana hora en busca de atención para trámites relacionados con programas sociales dirigidos a estudiantes y adultos mayores. Al encontrarse con las instalaciones cerradas y bloqueadas con candados y lonas, intentaron ingresar por la fuerza, lo que generó una confrontación con los manifestantes que exigen la destitución del delegado Jonathan Jardines.
Acusan retrasos por paro
De acuerdo con los propios beneficiarios, cerca de 30 mil tarjetas de programas sociales no han sido entregadas debido al paro, lo que ha generado retrasos significativos en la operación de la delegación. Hicieron énfasis en que el cierre ha afectado principalmente a personas adultas mayores y jóvenes que esperan sus credenciales o pensiones.
La tensión escaló rápidamente, pasando de discusiones verbales a empujones. Incluso se señaló la presencia de armas blancas, como navajas, aunque esto no ha sido confirmado por autoridades. En medio del altercado, una mujer de la tercera edad sufrió una crisis nerviosa, presuntamente tras ser empujada por una manifestante, y tuvo que recibir atención médica.
Elementos de la policía municipal acudieron al sitio para intervenir y prevenir un conflicto mayor. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas detenidas ni comunicados oficiales por parte de la Secretaría del Bienestar o del delegado.
Plantón se mantiene; exigen destitución de Jardines
El paro laboral que mantiene bloqueada la delegación tiene su origen en la demanda de un grupo de extrabajadores, quienes acusan al delegado Jonathan Jardines de presuntos malos tratos laborales y uso indebido de recursos públicos durante el proceso electoral reciente. Aunque la protesta ha sido constante, las autoridades federales no han emitido posicionamientos públicos sobre el caso.
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