La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este miércoles la liberación inmediata de Juana Hilda González Lomelí, quien pasó 19 años en prisión tras ser acusada del secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de la fallecida activista Isabel Miranda de Wallace. El fallo histórico reconoce que las pruebas en su contra fueron obtenidas mediante tortura y vulneraron sus derechos fundamentales.
La resolución fue aprobada con cuatro votos a favor y uno en contra, y representa un giro significativo en uno de los casos judiciales más emblemáticos y controvertidos de las últimas dos décadas en México. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, autor del proyecto, subrayó que el proceso penal contra González Lomelí estuvo plagado de irregularidades legales y de una intensa influencia mediática que comprometió la imparcialidad judicial.
UN CASO MARCADO POR LA TORTURA Y SESGO MEDIÁTICO
Juana Hilda fue detenida en enero de 2006 por la entonces Procuraduría General de Justicia, señalada como cómplice en el presunto secuestro cometido en 2005. En 2011, fue condenada a 78 años de prisión por privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Sin embargo, su defensa sostuvo desde el inicio que la acusación se construyó con base en una confesión obtenida bajo tortura física, sexual y psicológica, ocurrida mientras estuvo detenida de forma ilegal en instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). El expediente judicial también documenta que González Lomelí fue víctima de estigmatización de género y clase social, señalada públicamente como culpable antes de que se celebrara un juicio justo.
“Su imagen fue difundida en espectaculares y medios de comunicación nacionales, creando un clima de linchamiento mediático”, señaló su equipo legal, que desde 2023 había solicitado la reapertura del caso tras el fallecimiento de Isabel Miranda de Wallace, quien lideró una campaña pública para que los presuntos responsables del secuestro de su hijo fueran condenados.
UN FALLO CON IMPLICACIONES NACIONALES
La decisión de la SCJN no solo representa la liberación de González Lomelí, sino que también pone en entredicho la actuación de las instituciones judiciales y de procuración de justicia en México, especialmente en casos con alta exposición mediática.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena advirtió que “la influencia de los medios de comunicación y la presión social ejercida desde el activismo comprometieron la objetividad del proceso”, subrayando la urgencia de fortalecer el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso.
📢 Boletín de Prensa 11/2025
SCJN ordena liberar a Juana Hilda González Lomelí, después de más de 19 años privada de la libertad#IFDP #DefensaParaTi #SomosPJF #AsíSeLogró pic.twitter.com/sMqJLUiL0A
— Defensoría Pública Federal (@defensoriaifdp) June 11, 2025
Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y el Centro Prodh han respaldado el fallo, calificándolo como un paso crucial para combatir la criminalización basada en estereotipos de género y pobreza. “Juana Hilda fue juzgada más por su condición de mujer, madre soltera y bailarina que por hechos probados”, indicó la abogada feminista Ana Pecova.
REACCIONES Y PRÓXIMOS PASOS
La resolución abre la puerta a posibles revisiones de otros casos relacionados con el expediente Wallace, que ha sido cuestionado por activistas y abogados desde hace más de una década por inconsistencias forenses, contradicciones testimoniales y posibles irregularidades en la actuación de las autoridades.
La Fiscalía General de la República aún no ha emitido un pronunciamiento formal tras el fallo de la Corte, aunque fuentes internas han reconocido que podría iniciarse una revisión integral del caso.
Juana Hilda González Lomelí, quien ahora recobrará su libertad tras casi dos décadas de encierro, se convierte en símbolo de los estragos que puede causar un sistema judicial permeado por la tortura, los prejuicios y la politización de la justicia. Su liberación es también un llamado urgente a revisar cómo se construyen los procesos penales en México cuando el juicio público precede al judicial. N
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