La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves una demanda por 10,000 millones de dólares del gobierno mexicano que acusa a fabricantes estadounidenses de armas de haber contribuido a la violencia de los cárteles de la droga en su territorio.
En un fallo unánime, el máximo tribunal declaró que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) exime de responsabilidad a los fabricantes de armas por el uso indebido de sus productos.
El caso se remonta a 2021. México, bajo creciente presión del presidente Donald Trump para frenar el narcotráfico, acusa a los fabricantes de armamento de ser cómplices de la venta ilegal de armas. En su opinión están al corriente de que algunos de sus productos se venden ilegalmente a los cárteles de la droga.
Y es que a pesar de que el país latinoamericano controla la venta de armas de fuego hasta el punto de que es prácticamente imposible obtenerlas legalmente, entre 70 y 90 por ciento de las recuperadas en escenas de crímenes proceden de Estados Unidos.
Según datos oficiales, la violencia vinculada al narcotráfico ha causado la muerte de más de 480,000 personas en México desde que el gobierno desplegó al ejército para combatirlo en 2006.
Un juez federal desestimó el caso en 2022 por considerar que la PLCAA, aprobada por el Congreso en 2005, protege a los fabricantes de armas, pero un tribunal de apelaciones lo resucitó alegando que existe una excepción a la ley.
“600,000 ARMAS DE ESTADOS UNIDOS SON TRAFICADAS ILEGALMENTE A MÉXICO CADA AÑO”
El fabricante de armas Smith & Wesson y la distribuidora de armas Interstate Arms solicitaron amparo a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que les dio la razón.
“La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a traficantes mexicanos”, afirma la magistrada Elena Kagan.
Durante los alegatos, Catherine Stetson, representante del gobierno mexicano, dijo a la Corte Suprema que 600,000 armas estadounidenses son traficadas ilegalmente a México cada año y que algunas empresas están incluso “diseñando ciertas armas” para “el mercado mexicano”, con nombres en español como “El Jefe”.
El gobierno mexicano tiene otro frente abierto, con una segunda demanda en un tribunal de Arizona, estado que junto a Texas supone una de las principales vías del contrabando de armas a México. Acusa a cinco empresas de negligencia, alteración del orden público y enriquecimiento ilícito.
“Son dos juicios. Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”, declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en su rueda de prensa diaria.
En cualquier caso, la sentencia de la Corte Suprema sienta jurisprudencia, es decir establece un precedente legal. El fallo judicial llega en medio de tensiones comerciales entre Estados Unidos y México, país al que Trump acusa de no implicarse lo suficiente para frenar el tráfico de fentanilo. N
(Con información de AFP)
