Desde la tala de árboles para construir desarrollos inmobiliarios hasta la alteración del hábitat de la Ranita de Madriguera, muchas de las decisiones que han impactado los ecosistemas de Aguascalientes han pasado, en algún momento, por jueces y magistrados que han tenido en sus manos la posibilidad de proteger (o no) los derechos ambientales de la población.

Una investigación de Newsweek Aguascalientes revela quiénes son los funcionarios del Poder Judicial que han emitido resoluciones clave en casos que involucran algunos de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Uno de ellos, incluso, tiene vínculos directos con el sector inmobiliario.

El Tercer Tribunal: la intromisión a la Pona y el futuro de Malacate 

La defensa más reciente que activistas y sociedad civil organizaron en la Mezquitera de la Pona, tuvo lugar tras un sobreseimiento de un juicio de amparo que buscaba frenar obras inmobiliarias en la zona. Es decir, los magistrados decidieron finalizar el procedimiento sin resolver de fondo el asunto, permitiendo la entrada de maquinaria de la inmobiliaria PRÓXIMA. Los servidores que aparecen en el archivo del caso, son:

Rodolfo Munguía López, magistrado en funciones con residencia en Aguascalientes

Rocío Itzel Valdéz Contreras, magistrada en funciones que también participa en las elección judiciales, apareciendo en la boleta rosa. 

Abraham Rodríguez Trejo, también magistrado en funciones. 

La actuación del Tercer Tribunal Colegiado no se limita al caso de La Pona. Ahora, este mismo órgano judicial tiene en sus manos otra decisión clave: el futuro de El Malacate, una comunidad que habita dentro del Bosque de Cobos, uno de los pulmones más grandes ubicados en el sur de la ciudad y que constantemente es asediado por diversas inmobiliarias e incendios provocados.

Particularmente, la Comunidad de El Malacate es representada por la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, desde donde se busca evitar la intervención en la zona con obras hidráulicas que extraerán agua para distintos desarrollos inmobiliarios, mientras que en la comunidad no se cuenta con el servicio regular.  

“Es preocupante que haya caído este recurso de revisión en el Tercer Tribunal Colegiado, por los criterios que se mantuvieron en el asunto de la Pona: se prefirió tener un criterio formalista frente a la protección de los derechos fundamentales de la población de Aguascalientes” dice en entrevista para Newsweek Aguascalientes Óscar Arnulfo de la Torre, director de la clínica de litigio y profesor investigador del Departamento de Derecho de la UAA.

Señala que esta postura se mantuvo a pesar de la existencia de tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú, y de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refuerzan la obligación del Estado de garantizar el derecho a un medio ambiente sano. 

“Y en este sentido, es preocupante porque considero que puede llegar a pasar que también en el asunto del Malacate: que se busque resolver en términos formalistas y no en términos de protección y garantía de los derechos fundamentales” narra. 

Actualmente, se mantiene una suspensión vigente, por lo que el municipio de Aguascalientes no puede continuar, de momento, con las obras proyectadas en la zona. Sin embargo, ahora, el Tercer Tribunal Colegiado estará  a cargo del recurso de revisión, quedando conformado de la siguiente forma: 

Rodolfo Munguía López (como presidente y ponente)

Rocío Itzel Valdez Contreras (como secretaria)

Silverio Rodríguez Carrillo (como secretario)

El magistrado interesado en el desarrollo inmobiliario

El magistrado Silverio Rodríguez Carrillo, quien según Oscar de la Torre tomará parte en las decisiones de El Malacate, también se ha dedicado a otras actividades más allá del sistema judicial.

Según el Registro Público de Comercio, el magistrado ha dado de alta al menos una empresa dedicada al desarrollo inmobiliario en Aguascalientes: IKBEN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. El acta constitutiva data del año 2011, y está firmada por el entonces notario Juan Manuel Flores Femat, quien fuera titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGGOB) en la administración del gobernador Martín Orozco. En 2016, le pasó la totalidad de sus acciones a su esposa. 

El mismo ex servidor público firmó el acta de otra de las empresas del magistrado: SERVICIO LOSONO, S.A. DE C.V, gasolineras suministradas por Pemex. 

El Estatus del Folio Mercantil Electrónico de ambas empresas se mantiene abierto, según el portal del Registro Público de Comercio.

La Rana de Madriguera aún espera protección

En el caso de la ranita de madriguera, el Juzgado Séptimo de Distrito, a cargo del juez Milton Kevin Montes Cardenas (actualmente en funciones y postulado a las elecciones judiciales en la boleta amarilla) , suspendió el juicio de amparo promovido contra el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL), mecanismo que regula el desarrollo urbano en el municipio.

De acuerdo con Alejandro Larios, abogado del colectivo Conversa Sur, la decisión fue motivada por la presentación de nueve recursos jurídicos considerados improcedentes, lo que generó un retraso que podría permitir el avance de proyectos con impacto ambiental.

“Se han presentado en menos de 15 días al menos 9 recursos: son movimientos anomalos que han retrasado el juicio. El juzgado ha declarado la suspensión del procedimiento. Se detiene todo hasta resolverlos”, comentó.

Los recursos, señala, fueron interpuestos por la abogada Viviana Paola Pérez Preciado, del despacho Corporativo Blumen, en nombre del biólogo Luis Fernando Gallardo Cabrera, quien no forma parte del juicio ni firmó la demanda.

“Estos movimientos son anómalos y no entendemos. Ya han retrasado el juicio, ya que para resolverlos, el juzgado ha declarado la suspensión del procedimiento, es decir, se tiene todo para resolverlo, y todos estos recursos se pasan a un órgano colegiado”, añadió.

No obstante, el artículo 62 de la Ley de Amparo, señala que los jueces no solo tienen la facultad legal, sino la obligación de desechar cualquier recurso que resulte manifiestamente improcedente o frívolo, sin necesidad de que una de las partes lo solicite.

“Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo”, menciona el artículo.

Además, en 2017, el juez Montes Cárdenas (cuando era titular del Juzgado Tercero de Distrito), resolvió un juicio de amparo contra el ecocidio ocurrido en el predio del ex Ejido Ojocaliente, donde fueron talados al menos 120 mezquites y huizaches, pese a una suspensión provisional vigente.

El abogado Marco Ramírez, promotor de dicho recurso, solicitó que se declarara ilegal la omisión de la Semarnat por no evitar la tala. El juez declaró infundado el recurso, eximiendo a la dependencia de responsabilidades.

“La empresa taló los árboles, argumentando que no había sido notificada, pero Semarnat ya conocía la suspensión”, recordó Ramírez.

Aunque finalmente el centro comercial no pudo construirse, Ramírez considera que el caso muestra fallas en la forma en que los jueces entienden los temas ambientales.

“Tienen problemas todavía los jueces para entender cómo se acredita el interés en el amparo. Quieren que se acredite mucho daño individual cuando son derechos sociales. Con base en el principio de precaución, ni siquiera necesitamos acreditar un daño individual concreto”, agregó.