Desde hace más de un año, el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, solicitó a los vicefiscales trabajar con la prisión preventiva justificada, con el objetivo de prevenirse ante la posible eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa, debido al criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Incluso, cuando la defensa de personas privadas de su libertad ha apelado a dicho criterio para buscar su libertad, la parte acusadora ha litigado para justificar la permanencia de esta persona en prisión, evitando así una posible liberación masiva de personas que, de acuerdo a la ley, deben permanecer en reclusión por la supuesta comisión de un delito.

“Nosotros tenemos ya más de un año trabajando con la prisión preventiva justificada; nos estamos preparando a que puede ser que no tengamos prisión preventiva oficiosa. Los jueces no estamos aplicando prisión preventiva oficiosa. Tenemos aproximadamente 150 casos de personas sujetas a la prisión preventiva oficiosa” informó.

Actualmente, existen 2 jurisprudencias con criterios encontrados entre el norte y sur de México respecto al uso de esta figura jurídica, por lo que fiscales y procuradores han solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver que la prisión preventiva oficiosa debe prevalecer, dado su respaldo en la constitución.

“Nosotros consideramos que mientras esté en la constitución una lista de delitos de prisión preventiva oficiosa, se debe de seguir ese criterio, independientemente de la postura que haya fijado la corte interamericana de derechos humanos” postuló el fiscal.

Además, fiscales generales de justicia de los estados, procuradores y el fiscal general de la república, alertaron que resolver a favor de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, así como delincuencia organizada y otros, obtengan su libertad procesal.