El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, aprobó este martes 2 de abril en primera discusión un proyecto de ley contra el “fascismo”, término que funcionarios gubernamentales suelen usar para referirse a opositores, que establece prisión de hasta 12 años y elevadas multas.
La “Ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares” se presentó ante la unicameral Asamblea Nacional por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, tras ser propuesta el pasado 24 de marzo por el presidente Nicolás Maduro. El político buscará un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 28 de julio.
La ley que consta de 30 artículos, “tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública“. Además de “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascistas, neofascistas o de similar naturaleza”, según el texto.
En su artículo 22 el documento señala que “toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos recibirá una sanción con prisión de 8 a 12 años. Además de una inhabilitación política por el tiempo de la condena”.
La “divulgación de mensajes prohibidos” en radio o televisión se castigará con la revocatoria de la concesión, mientras que se impondrán multas a “medios electrónicos o impresos” de entre 50,000 y 100,000 “veces el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central”, equivalentes hasta a 100,000 dólares.
LEY CONTRA EL FASCISMO EN VENEZUELA SE SOMETERÁ A UNA SEGUNDA DISCUSIÓN
Además, se prohíben las reuniones o manifestaciones, así como “organizaciones políticas” donde se considere que existe una “apología” al fascismo.
“Esta ley contra el fascismo busca complementar la Ley de Partidos Políticos, pero busca también complementar y desarrollar la ley del odio”, dijo Rodríguez al exponer el texto aprobado en primera discusión por ‘mayoría calificada’.
Activistas de derechos humanos consideran que esta ley, que se someterá a una segunda discusión antes de su sanción definitiva, implica más “represión”. Lo anterior, al “atentar contra el derecho a la manifestación y las concentraciones públicas”, señaló en X el defensor de derechos humanos, Marino Alvarado.
En 2017, Maduro, cercado por protestas que dejaron más de 120 fallecidos y 1,958 heridos, propuso la “Ley contra el Odio, la convivencia pacífica y la tolerancia”. Esta castiga con hasta 20 años de prisión a quienes sean señalados de “promover o incitar al odio”.
La oposición, en tanto, denuncia que esta ley, que prohíbe la conformación de partidos políticos y organizaciones sociales señaladas de “promover el odio y la intolerancia” castiga la disidencia política. N
(Con información de AFP)