El asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, a tan solo diez días de que se llevaran a cabo las elecciones, así como la muerte de un dirigente local del partido Movimiento de la Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa, profundizan la ola de violencia que vive este país sudamericano después del asesinato de otros políticos, como el alcalde de Manta y el candidato a asambleísta por Esmeraldas, en julio pasado, y otros más en lo que va del año 2023 tanto en Ecuador como en el resto de América Latina.
Ecuador no es el único país que vive este estado de inseguridad. México se sitúa como el país más peligroso del mundo para ejercer la profesión de periodista, ya que desde el año 2000 a la fecha suma más de 161 asesinatos, de los cuales, 41 han perdido la vida en lo que va de la administración de la llamada 4T, encabezada por el presidente Andrés Manuel López. También hemos de mencionar los más de 120,000 homicidios que ya suma la actual administración mexicana. Estos datos nos dan clara cuenta de que el problema de la violencia en América Latina parece estar fuera de control.
LAS CIFRAS SON UN ESPEJISMO
El concepto de violencia ha ido cambiando y complejizándose con el paso del tiempo. Si bien en la noción más clásica se define como “el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo”, la Organización de Naciones Unidas, en su informe sobre la violencia y la salud, afirma que es “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.
De esta manera podemos afirmar que la violencia es un fenómeno multidimensional que se ejerce en distintos niveles y entre múltiples actores sociales. Además, es una dinámica estructural profundamente enraizada en todas las sociedades en menor o mayor grado.
Un indicador que nos da cuenta del nivel de inseguridad en un país como consecuencia de los altos índices de violencia es el número de homicidios por cada 100,000 habitantes. Si bien hay distintos datos y fuentes disponibles respecto a la tasa de homicidios, es decir, esas muertes infringidas intencionalmente por un grupo o persona hacia otra, las estadísticas varían significativamente.
Y varían porque los hechos no siempre se denuncian y muchas de las víctimas figuran como desaparecidas o simplemente no se reportan. Asimismo, las cifras son manipuladas por los propios gobiernos por cuestiones políticas, partidistas o de imagen del país. Y, peor aún, las cifras se minimizan o se hace mofa de ellas, como recién lo hizo el jefe del Ejecutivo mexicano al ser cuestionado por los cinco jóvenes asesinados en la localidad de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco.
LA VIOLENCIA SACUDE A AMÉRICA LATINA
Una de las fuentes más confiables en la medición y documentación de homicidios mundiales es la oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Esta instancia en su último informe reportó que la región con más asesinatos es el continente americano, particularmente, Centro y Sudamérica, donde la presencia de pandillas, la proliferación de venta ilegal de armas, así como las desigualdades socioeconómicas son variables que agudizan la criminalidad.
Y a esta se suma el narcotráfico, favorecido por la impunidad, la colusión de las autoridades y distintos órganos de gobiernos a lo que se añade la falta de Estado de derecho.
Las poblaciones más vulnerables objeto de esta criminalidad son, en primer lugar, los jóvenes varones de entre 18 y 35 años y, paulatinamente, van aumentando las cifras de feminicidios, así como las muertes infantiles violentas.
El impacto generado por estos homicidios intencionales desarticula el tejido social, ya que crea un ambiente violento que impacta la sociedad, la economía y las instituciones y aleja al turismo.
Un factor agravante de este tipo de violencia son los altos índices de corrupción que penetran todas las instituciones responsables de resguardar la seguridad pública en América Latina. Policías, jueces, tribunales y demás instancias encargadas de la procuración de justicia y de seguridad se ven socavados por los grandes cárteles de la droga y las bandas delincuenciales trasnacionales, las cuales cuentan con recursos financieros y materiales muchas veces superiores a los del propio Estado.
LOS DISCURSOS NO SON EFECTIVOS
El estudio mundial sobre homicidio de la ONU, si bien señala que a escala global este delito ha disminuido, en términos regionales vemos un aumento en África y aún mayor en Latinoamérica.
La lista mundial de países más violentos incluye aquellos sumidos en guerra tales como Afganistán, Yemen, Siria, Rusia, Sudán del Sur y Ucrania, entre otros. Sin embargo, en América Latina la espiral de violencia va en ascenso, aun sin encontrarse en estado de guerra, como lo demuestran las cifras de homicidios que ubican a Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador y México en los cinco primeros lugares.
Planes, acciones y, sobre todo, discursos buscan combatir estos altos índices delincuenciales en la región. No obstante, han tenido poca efectividad, como lo demuestra el caso mexicano de “abrazos no balazos” como filosofía para combatir la delincuencia.
El Salvador es un caso emblemático, en donde la política de mano dura del presidente Bukele, a pesar de los cuestionamientos que se le han hecho, ha logrado disminuir drásticamente la tasa de homicidios y, con ello, devolver algo de tranquilidad a la sociedad salvadoreña. N
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Luz Araceli González Uresti es profesora investigadora de Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad de la autora.
