El Pleno del Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó este jueves un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado (FGE) a adquirir los materiales necesarios para realizar las pruebas de paternidad, que son requeridas por el Poder Judicial del Estado.

Durante la sesión ordinaria de la LXV Legislatura y al presentar este punto de acuerdo, la diputada Nancy Jeanette Gutiérrez Ruvalcaba, señaló que desde hace muchos años se han puesto en riesgo los derechos de los niños y niñas, por la negativa de sus padres a ser reconocidos.

“Sin una relación filial acreditada con sus padres, los niños y niñas no pueden reclamar alimentos, educación, salud, guardia, custodia, entre otros. Los juicios de reconocimiento de paternidad son una herramienta que puede, a través de un estudio de ADN, demostrar el vínculo filial y así salvaguardar los derechos humanos de las infancias”.

Sin embargo, la legisladora recalcó que desde el año 2020, la Dirección de Investigación Pericial de la FGE ha presentado una escasez en los materiales necesarios para llevar a cabo estas pruebas de paternidad, lo que ha dejado en estado de vulnerabilidad a los menores relacionados en los procesos judiciales.

Por ello, dijo, era necesario hacer un llamado a las autoridades de la fiscalía para que tomen las medidas necesarias y compren los materiales y reactivos que se requieren para los estudios de ADN solicitados por el Poder Judicial.

El llamado fue aprobado por unanimidad.

Siguen denuncias contra deudores alimentarios

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que, hasta el mes de abril, se han iniciado 95 carpetas de investigación por el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar en el estado de Aguascalientes.

Tan solo en abril se iniciaron 15 carpetas de investigación, mientras que en los meses anteriores se presentaron entre 23 y 28 denuncias.

En todo el 2022, se acumularon 256 denuncias por este delito en la entidad, siendo septiembre el mes con el mayor número de denuncias registradas, con un total de 34, es decir, poco más de una al día en promedio.

El Código Penal del Estado sanciona el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar con 6 meses y hasta 3 años de prisión, así como con el pago de la reparación del daño y la suspensión o privación de los derechos de familia.