La Defensoría del Pueblo de Bolivia confirmó este jueves violaciones grupales a tres niños, uno de los cuales se contagió el VIH.
“En las últimas horas hemos conocido que hay otras tres posibles víctimas identificadas“, afirmó la defensora del Pueblo (ombudsman), Nadia Cruz, entrevistada por el canal de televisión Unitel.
Acotó que “esto involucra una violencia grupal” y además “de un contagio” que pudo haberse extendido “a otras posibles víctimas”.
Bolivia quedó conmocionada esta semana tras la revelación de los primeros dos casos. Uno de los cuales contrajo VIH. Fueron vejados por una banda de cuatro hermanos que vivían en el mismo barrio, según las autoridades.
Los delitos ocurrieron en el poblado de Yapacaní, de unos 60.000 habitantes, en el departamento oriental de Santa Cruz.
LOS AGRESORES SON 4 HERMANOS
Una de las víctimas es un niño de 10 años que fue internado en un hospital por las lesiones sufridas. Fue esto lo que destapó un segundo caso similar ocurrido hace un año y un tercero en curso de aclararse.
Ambos niños, sin parentesco entre sí, vivían en el mismo barrio que sus agresores, cuatro hermanos de entre 28 y 15 años.
Uno de estos hermanos falleció el año pasado en prisión “por una enfermedad terminal“, según el coronel de la policía Carlos Oporto.
El jefe policial explicó en 2021 se recibió la primera denuncia “a raíz de que el menor sufrió un contagio de VIH-Sida”.
Otro de los hermanos fue detenido el martes en Yapacaní, donde una enfurecida turba de vecinos intentó lincharlo. La policía lo rescató y el miércoles fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad de La Paz.
La defensora Cruz también anunció que se impulsará una investigación a todas las personas e instituciones involucradas en el caso. Esto al evidenciarse que no se le dieron a los casos la importancia debida.
La denuncia se hizo en octubre de 2021, informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) en Santa Cruz. “Es difícil hacerle una valoración psicológica para poder identificar a sus agresores”, dijo, tratando de justificar la indiferencia ante un caso de tal gravedad.
La Defensora del Pueblo interina denunció que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) tardó ocho meses en atender el caso. La respuesta del IDIF se limitó a descalificar a la autoridad nacional de Derechos Humanos. N
Con información de AFP
